luxemburgo. La Unión Europea logró ayer un acuerdo para que los llamamientos a la violencia racial y xenófoba sean delito en todos los países comunitarios, aunque el consenso es de mínimos pues da garantías a los países donde la norma puede entrar en conflicto con su concepto de libertad de expresión.

El acuerdo del Consejo de Ministros de Justicia e Interior incluye la reserva parlamentaria de siete países, aunque el único caso complicado es el de Lituania, cuyo Parlamento había exigido la inclusión de los crímenes estalinistas en el texto.

Los ministros de Justicia de la UE acordaron una decisión marco que establece penas de entre uno y tres años de prisión para las incitaciones a la violencia contra grupos por su origen étnico, nacional, racial o religioso, así como la negación o trivialización de los crímenes contra la Humanidad o los genocidios reconocidos por tribunales internacionales.

Ello supone la inclusión del Holocausto y los crímenes nazis, y la principal discusión de ayer radicó en que Polonia, Estonia y Lituania querían que se englobara también a los crímenes estalinistas.

Los ministros intentaron por largo tiempo vencer esta oposición, en la que finalmente Lituania se quedó sola, y finalmente se acordó incluir una declaración que señala que esta decisión marco "no cubre" los crímenes cometidos por regímenes totalitarios, a pesar de lo cual "el Consejo deplora todos estos crímenes".

El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, explicó que los países bálticos "tienen razón" en su deseo de "ver reflejado su sufrimiento", pero señaló que ese objetivo "se salía de los márgenes de la decisión" acordada ayer.

El comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Franco Frattini, jugó un papel crucial en el acuerdo, al ofrecer a los países reticentes la celebración de una audiencia pública en un país báltico, posiblemente en Riga (capital letona) y durante el primer semestre de 2008, sobre los crímenes y represión cometidos por los regímenes totalitarios.

El texto acordado deja a cada Estado miembro la posibilidad de establecer salvaguardas según su tradición de libertad de expresión y sus garantías constitucionales. Incluso, los países podrán no castigar las expresiones racistas o xenófobas que no inciten a la violencia. >efe