pamplona. En torno a 180 representantes de 118 ayuntamientos y concejos de Navarra (alcaldes o concejales, según los casos) acudieron ayer a la asamblea de municipios convocada por diez ayuntamientos navarros y acordaron impulsar acciones contra la privatización por parte de la Iglesia de determinados bienes inmuebles (iglesias, atrios, camposantos, etc.) de las localidades de la Comunidad Foral, de tal manera que reviertan en el patrimonio público. En el transcurso de la asamblea, se constituyó también la comisión gestora de representantes municipales que encabezará la plataforma municipalista, y en el seno de la cual se elaborará una guía informativa para que todos los ayuntamientos y concejos sepan qué pasos seguir para registrar los bienes de su localidad, o, en su defecto, emprender acciones legales si consideran que la Diócesis ha registrado alguno cuya propiedad no ha demostrado.

La asamblea, muy concurrida, tuvo una primera parte informativa, en la que la abogada y experta en patrimonio, Isabel Urzainqui, denunció por "inconstitucional" -ya que "no respeta los principios de aconfesionalidad del Estado" y de "igualdad"- el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1958, que faculta a la Iglesia para "inscribir aquellos bienes que crea que son de su propiedad, bastando sólo un certificado del secretario de la institución", y sin tener que demostrarlo con documentos. Frente a ello, Urzainqui animó a las entidades locales a inscribir en el registro de la propiedad los bienes "que puedan demostrar que son de la localidad" (antes de que "lo haga la Iglesia"), un trámite que apenas cuesta 20 ó 30 euros, ya que "es mejor adelantarse e inscribir los bienes que tener que rebatir algo ya inscrito en el Registro por la Iglesia".

DEFENDER LOS BIENES PÚBLICOS Urzainqui señaló que los ayuntamientos y concejos tienen "la obligación" y la responsabilidad de conservar y defender sus bienes públicos, como se recoge en la Ley Foral de Administración Local, y en el caso de que no lo hagan pueden ser los vecinos, a título particular, los que insten a las entidades a hacerlo: "Si en 30 días no lo hace, cualquier ciudadano puede subrogarse el derecho a reclamar", incluso acogiéndose al derecho de justicia gratuita.

Por su parte, José María Esparza, historiador, animó a los investigadores a "mover los legajos" de los archivos municipales, para "ver quién levantó las iglesias o los atrios de nuestros pueblos", ya que, según dijo, fueron los propios vecinos con sus manos. Esparza señaló que "se calcula que la Iglesia ya ha registradado más de mil propiedades públicas", una privatización que "hay que denunciar" porque "atenta contra lo histórico, lo jurídico y lo moral", y que, en muchos casos, según Pedro Leoz, tiene como destino "la venta".

En la asamblea de ayer se conoció, además, que ya son 31 los ayuntamientos y concejos que han alcanzado acuerdos municipales en los que se insta a iniciar los procedimientos oportunos "para impedir la privatización de los edificios y bienes de uso religioso de la localidad, así como de cualquier patrimonio que pueda encontrarse en la misma o similar situación".