pamplona. Antonio Fontaneda Martínez ha sido condenado como autor confeso a tres años y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 1.800 euros por estafar a más de 250 inversores una suma total de 7,7 millones de euros. La condena es fruto del acuerdo al que llegaron ayer, antes de que comenzara la vista oral en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, el fiscal, las acusaciones particulares y la defensa del promotor artístico. Además, las acusaciones particulares retiraron los cargos por estafa contra Raúl Fontaneda Palacios, hijo de Antonio Fontaneda.

En su escrito provisional, el Ministerio Público solicitaba para Fontaneda, que está en la cárcel de Pamplona cumpliendo otras condenas, una pena de seis años de prisión por un delito continuado de estafa. Sin embargo, tras aplicar la atenuante analógica de dilaciones indebidas rebajó la pena a tres años y ocho meses. El fiscal explicó al respecto que "esta causa fue incoada el 21 de septiembre del año 1999 y el enjuiciamiento se ha dilatado nueve años por causa no imputable al acusado".

Todas las partes personadas en el juicio se adhirieron a esta calificación. También Antonio Fontaneda, que dijo estar conforme con la pena y con los hechos relativos a su persona relatados en los distintos escritos de acusación. De este modo y según el escrito del fiscal, Antonio Fontaneda Martínez y Manuel Cid Conde desde julio de 1999 a abril de 2000 captaron capital de multitud de inversores a quienes retribuía con un interés anual que oscilaba entre el 50% y el 120%. Desde la oficina ubicada en San Sebastián de la sociedad Subascai 90 S.L., cuyo administrador era Cid, éste formalizó a favor de Fontaneda 345 contratos de préstamo con la promesa de destinarlos a operaciones inmobiliarias. Ochenta y cuatro más fueron formalizados por Fontaneda o sus empleados siendo avalista las empresas ACAI 3 Producciones 2000 y ACAI 3 Gestiones Inmobiliarias, de las que Fontaneda era administrador único.

Mediante este sistema, continúa el escrito del fiscal, captó 2.807.099.000 pesetas. Hasta la intervención judicial (en abril de 2000) Fontaneda hacía frente a los intereses de capital prestados con el dinero de nuevas inversiones en una estructura piramidal. Además, Fontaneda reconoció que si bien habían manifestado a los inversores que el dinero se destinaría a grandes operaciones inmobiliarias y a promociones artísticas, lo cierto es que "no se realizaron al menos de forma viable". Tras abonar el dinero correspondiente a los intereses, el principal acusado invertía el resto de capital en "proporcionarse un nivel de vida y apariencia personal de cara a la sociedad impropia de una persona sin ingresos propios y nulo patrimonio".

El escrito del fiscal señala que para aparentar solvencia en la captación de clientes, Fontaneda elaboró un dossier de propiedades personales y de su empresa, en algunos casos inventadas. Cuando el acusado dejó de captar capital, se apunta en dicho escrito, no pudo pagar los intereses al resto de inversores (203), a quienes no se les ha devuelto el dinero. En cuanto a la responsabilidad civil, Fontaneda y sus empresas deberán indemnizar a los 203 afectados.

juicio Después de que Fontaneda mostrara su conformidad, el presidente del tribunal le comunicó que debe estar presente en el proceso en calidad de "acusado condenado y testigo", por lo que el lunes le tomarán declaración. Las acusaciones particulares le retiraron los cargos por falsedad documental y obstrucción a la Justicia. Este acuerdo no afecta al socio de Fontaneda, Manuel Cid, para quien el Ministerio Público mantiene la petición de 6 años de prisión por estafa. Las acusaciones particulares, ejercidas por los afectados, imputan por estafa a Juan Pedro Echarri, ex directivo del Banco Guipuzcoano en Pamplona; y a Jesús Adolfo Guallar, por falsedad documental. El fiscal pide la absolución de ambos. El juicio continúa hoy con la audición de cintas telefónicas.

pamplona. El juicio por el caso Fontaneda es el primero en el que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ofrece, bajo la supervisión de un magistrado, señal institucional de audio y vídeo para los medios de comunicación. Ayer fueron siete medios (cinco televisiones y dos radios) quienes siguieron la vista desde la sala de prensa.Foto: javier bergasa