pamplona. El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de ayer el expediente de la expropiación de los 220.000 metros cuadrados de la colina de Santa Lucía-Soltxate donde va a levantarse el nuevo centro penitenciario de Pamplona (Navarra II). En la sesión se avaló el informe evacuado el 25 enero por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral, junto con los preceptivos dictámenes de la Abogacía del Estado en Navarra sobre las alegaciones presentadas, informe que, convertido en propuesta de acuerdo, fue ratificado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias el pasado 19 de febrero.

En concreto, el Consejo de Ministros ha reconocido la utilidad pública específica a los efectos de expropiación forzosa de este centro penitenciario, así como la urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios. En consecuencia, se eleva además a definitivo el proyecto constructivo. En la práctica, con este hito se faculta a la Sociedad Estatal de Equipamientos Penitenciarios (SIEP) a iniciar el proceso de licitación de las obras, que comenzarían pues, si el concurso se resuelve en los plazos previstos, a finales del ejercicio en curso, con una duración máxima de 24 meses.

Como es sabido, se trata de una cárcel de 504 plazas residenciales más un centro de inserción social anexo de 50 habitaciones. El Ministerio del Interior, que pactó el modelo constructivo con el Gobierno foral, ha reservado 90 millones de euros para este centro penitenciario, pionero en España por sus características y dimensiones. De hecho, es el diseño más reducido que hoy se construye en el Estado español.

El Ministerio del Interior sufragará también el coste de los terrenos después de que el Gobierno de Navarra se desentendiera de su compromiso inicial de ponerlos libres de cargas a disposición de la Administración del Estado, que sí mantiene por ahora su intención de renunciar al derecho de "uso penitenciario" del solar en el pamplonés barrio de San Juan donde se erige la vetusta prisión hoy operativa y construida en la primera década del siglo pasado. El suelo revertiría pues al consistorio capitalino.

Ocho alegaciones La Abogacía del Estado en Navarra dio su plácet a la continuidad del procedimiento tras analizar las ocho alegaciones presentadas, seis de una treintena de particulares más dos más de instituciones públicas, una del Ayuntamiento de Pamplona y otra de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Se tuvieron en cuenta tres de ellas, una para ampliar la titularidad de una parcela de acuerdo con un reciente cambio registral y dos más que advertían sobre la existencia en la colina de Santa Lucía de una subestación eléctrica y de la red de abastecimiento de la Mancomunidad. Ninguna de estas alegaciones comprometían el desarrollo del proyecto.

La alegación del Ayuntamiento de Pamplona no fue asumida por la Abogacía del Estado en la Comunidad Foral porque, según la normativa vigente, el proyecto constructivo no es objeto del trámite de información pública, que atañe exclusivamente a la relación de los bienes afectados, su extensión y cargas, así como su titularidad.

opción de alegar al proyecto En todo caso, el ayuntamiento podrá informar sobre la adaptación del proyecto constructivo al planeamiento municipal a partir de ahora, una vez decretada por el Consejo de Ministros la utilidad pública específica y la urgente ocupación, momento en el que también se eleva a definitivo dicho proyecto de cárcel, como ya se ha apuntado.

La Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, establece en todo caso que, si no hay acuerdo, la decisión estatal respecto a la ejecución del proyecto prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico, "cuyo contenido deberá acomodarse a las determinaciones de aquélla" (por la decisión estatal). Así se recoge en el punto segundo de la disposición adicional tercera de la normativa de referencia.

CITAs con todas las partes De todos estos extremos tuvo conocimiento la alcaldesa Yolanda Barcina el 22 de marzo de 2007, en el propio despacho de la primera edil, de acuerdo con las explicaciones del delegado del Gobierno, Vicente Ripa, y de una representación de SIEP encabezada por su director general, Juan José Azcona.

Los representantes estatales avanzaron entonces las líneas maestras del trámite administrativo y entregaron en el consistorio el informe con los criterios de elección de Santa Lucía, de entre las nueve ubicaciones propuestas ya en 2004 por el Gobierno de Navarra (con apuesta expresa por el emplazamiento finalmente escogido).

Por añadidura, en octubre de 2007, y coincidiendo con el inicio del proceso de expropiación, SIEP remitió al Ayuntamiento de Pamplona documentación adicional relativa a este expediente, como por ejemplo la citada Ley 13/2003 con su correspondiente interpretación jurídica, el convenio suscrito en esta legislatura nacional entre los gobiernos de España y de Navarra o la intervención en el Parlamento foral de Javier Caballero, consejero de Interior del Ejecutivo autonómico, explicando la elección del emplazamiento y las características técnicas del futuro centro penitenciario.

No obstante, el concejal delegado de Urbanismo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha manifestado públicamente sentirse molesto por carecer de información suficiente.

Además de con el Ayuntamiento de Pamplona, el delegado del Gobierno en Navarra se ha reunido tanto con una representación de la asociación de vecinos del barrio pamplonés de San Jorge, encabezada por Julen Mendiguren (25 de enero de 2007), como con los abogados de más de una veintena de los propietarios de terrenos en Santa Lucía (5 de febrero de 2008).

Vicente Ripa explicó a los vecinos, que para justificar su oposición a esta ubicación esgrimen argumentos medioambientalistas, que el complejo penitenciario va a ocupar aproximadamente la quinta parte de la superficie de la reserva paisajística de Santa Lucía y que la cárcel puede ser la garantía para que a futuro ese 80% de la colina no se destine a otros usos, residenciales por ejemplo. El delegado también enfatizó que el elegido es el enclave propuesto y priorizado por el Ejecutivo navarro, concretamente, por la consejería de Interior.

APUESTA POR 3.700 VIVIENDAS Por su parte, los representantes legales de los propietarios se interesaron por el precio por metro por cuadrado que pensaba pagar la Administración del Estado, cuya oferta inicial a través de SIEP era de 8 euros y no satisfizo a sus destinatarios, así que es segura la controversia en el Jurado de Expropiación Forzosa (el pleito sobre el precio en ningún caso paraliza el procedimiento).

Estos propietarios de suelo en Santa Lucía propusieron en 2002 al Ayuntamiento de Pamplona ceder 692.000 metros cuadrados en la zona alta de la colina con la pretensión de construir una urbanización en otros 374.000 localizados en la parte baja para alrededor de 3.700 viviendas. >v.g.