pamplona. La muerte de Mari Luz Cortés, la niña onubense de cinco años, presuntamente asesinada por un pederasta reincidente y pendiente de cumplir condena por un error judicial, ha suscitado una fuerte polémica en España sobre la necesidad o no de endurecer la ley y tomar medidas contra este tipo de delincuentes.

Gobierno, partidos políticos, asociaciones judiciales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) discrepan a la hora de valorar lo que hay que hacer para evitar que se repita el ya conocido como caso Mari Luz , asesinada por un hombre que estaba en libertad, pese a que había sido condenado por abusar sexualmente de su propia hija y de otra menor de 9 años.

La alarma social creada a raíz de este caso ha forzado a los distintos grupos políticos a posicionarse sobre al necesidad de endurecer las penas para los delitos sexuales cometidos contra los menores. Como en tantos otros asuntos, los dos principales partidos tienen opiniones no sólo diferentes, sino casi antagónicas. El PSOE, en palabras de la viceministra en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, no cree oportuno que las penas para este tipo de delitos se endurezcan justo ahora, a raíz del asesinato de Huelva.

discrepancias entre PSOE y PP Fernández de la Vega declaró, con relación al hecho de que el asesino de la niña Mari Luz Cortés estuviera en libertad a pesar de acumular dos condenas anteriores por abusos sexuales, que todo apunta a que se ha producido un "terrible" y "trágico error judicial" y pidió prudencia hasta "esclarecerlo" dado que se ha abierto una investigación al respecto. Insistió en que puede ser contraproducente "proponer modificaciones legales al hilo de acontecimientos graves" como éste. Recordó por último que la responsabilidad del Gobierno es "hacer respetar la ley".

Por su parte, el PP sí se muestra a favor de endurecer las penas. Mariano Rajoy avanzó la pasada semana que una de las primeras iniciativas de su partido será presentar en el Congreso de los Diputados una reforma del Código Penal para agravar las penas en los delitos contra la libertad sexual de menores. Recordó además que dicho posicionamiento no es nuevo, ya que su programa electoral incluía incrementar las penas a delitos como la pederastia, el racismo, los asaltos a viviendas habitadas, la corrupción y la violencia de género, entre otros.

En el fondo de esta divergencia subyacen no sólo las diferencias ideológicas entre ambas formaciones a la hora de proponer un endurecimiento de las penas para cualquier tipo de delitos, sino una clara intencionalidad de oportunismo político.

De esta forma, los socialistas han puesto todo su énfasis en cargar toda la responsabilidad en los hechos en los fallos del sistema de control del Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora (CGPJ). A pesar de ser reducionista del problema, esta tesis ha sido refrendada por el propio órgano rector de los jueces, que ha reconocido que "hubo errores" en el sistema de control de cumplimiento de las penas.

Los populares, por su parte, también consideran que ha habido un mal funcionamiento de la Justicia, pero su énfasis no se centra en criticar al CGPJ, sino en las carencias del marco punitivo español. En otras palabras, achacan al Legislativo, en poder de los socialistas, no tener voluntad de afrontar un endurecimiento de las penas.

En el ámbito de la magistratura, las asociaciones judiciales están de acuerdo en que hay que estudiar acciones "postdelictuales" para evitar la reincidencia de delincuentes de difícil reinserción, pero apuestan por hacerlo con tiempo y tranquilidad, no "en caliente". Son pocas las voces que tanto en el ámbito político como judicial defienden la cadena perpetua o la castración química.

Todas las asociaciones de magistrados coinciden en que hay que dejar trabajar al CGPJ como máximo órgano de gobierno de los jueces, hasta que concluya la investigación que ha puesto en marcha para aclarar lo ocurrido y depurar las posibles responsabilidades.

A la espera de que se conozca su dictamen, nadie entiende por qué el presunto asesino, Santiago del Valle, de 43 años, estaba en la calle cuando había sido condenado en dos ocasiones por abusos a menores.

debate sobre la cadena perpetua En este sentido, cabe destacar que incluso la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) apuesta porque los jueces deben razonar desde la serenidad y "no empezar a hablar de la cadena perpetua a las 24 horas de haber ocurrido un hecho horroroso y abominable", en palabras de su portavoz, Antonio García. Cabe recordar que el portavoz del CGPJ, el conservador Enrique López, se pronunció a favor de abrir un debate sobre la instauración de la cadena perpetua para este tipo de delitos.

También el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, apostó por la necesidad de abrir un debate "serio y sosegado" al margen de casos puntuales.

Desde la asociación Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz, Lorenzo del Río, coincide en que hay que valorar la adopción de algún cambio que evite las disfunciones que se puedan haber producido, pero siempre dentro de un debate sosegado.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera que este caso "tan desgraciado" debe abrir una reflexión sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia porque es "difícilmente asimilable" entender lo que pasó, dijo su portavoz, Gabriela Bravo. Estas llamadas a la reflexión "sosegada", contrastan con las vertidas por otros colectivos. De esta forma, el defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, cree que hay que modificar la ley, endurecer las penas y obligar a que se cumplan íntegramente.

Canalda no duda: "Los pederastas deben ser apartados de la sociedad" porque "no se rehabilitan" y "reinciden una y otra vez' y por eso es "imprescindible" que, tras cumplir la pena íntegra, "tengan un seguimiento psiquiátrico, policial y judicial constante".

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se mostró partidario de no descartar la castración para aquellos casos de pederastia cuando sea el propio enfermo quien la solicite voluntariamente. Así lo afirmó en relación, con el presunto asesino de la pequeña Mari Luz, si bien se mostró en contra de la cadena perpetua, ya que, a su juicio, "siempre que se endurecen las penas, sale más perjudicado el colectivo menos culpable".