madrid. El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, logó ayer in extremis cerrar un acuerdo con los sindicatos de Justicia que puede poner fin a la huelga que dura ya dos meses, un acuerdo que, sin embargo, ha generado una importante brecha en las centrales sindicales. Mientras los líderes de la función pública de UGT y CCOO -sindicatos mayoritarios- decidían firmar esta tarde el documento y desconvocar la huelga, el representante del ámbito de la justicia de CCOO y sus colegas de CSI-CSIF y STAJ, han preferido esperar a que el documento sea aprobado hoy en referéndum por los trabajadores afectados.
El grado de división que ha provocado el acuerdo ha sido tal, que los firmantes del acuerdo, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Miguel Segarra, y su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, han tenido que salir de la sede del Ministerio de Justicia escoltados por Policía, entre abucheos y gritos de "traidores" y "nos habéis vendido".
Pese a todo, los cuatro sindicatos convocantes de los paros comparten el contenido de un documento que recoge una parte sustancial de sus reivindicaciones económicas.
El acuerdo supone para los funcionarios de Justicia no transferidos un aumento salarial progresivo de 190 euros mensuales de aquí a julio de 2009 (pedían 200 con efectos retroactivos a 1 de enero de 2008), así como una paga única de 480 euros a primeros del año que viene que compense lo no cobrado durante este primer semestre.
En el pacto firmado por CCOO y UGT, los funcionarios se comprometen también a poner al día el trabajo pendiente tras 60 días de huelga en un plazo de tres meses y a adaptarse a las nuevas tecnologías.
Estas "horas extras" serán de carácter voluntario, serán remuneradas y a ellas se podrán acoger todos los trabajadores que lo deseen. En rueda de prensa tras el fin de las negociaciones, el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, se mostró convencido de que la huelga "ha tocado a su fin" sin que "nadie salga con cara de vencedor ni de vencido". Preguntado por si este largo conflicto puede influir en su carrera política, Bermejo ha dicho que no tiene ni "vanidad" ni "ambición", pero ha precisado que si Zapatero quiere repetir su confianza en él, estará "encantado de renovar el compromiso" con los ciudadanos. La huelga, iniciada el 4 de febrero, ha afectado a 9.500 funcionarios de los órganos centrales de la administración de Justicia y de Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias, más Ceuta y Melilla, y ha provocado la paralización de cientos de miles de expedientes y la suspensión de miles de actos judiciales. >agencias
