pamplona. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es la única entidad que queda pendiente de incorporarse al Consorcio de Residuos de Navarra después de que Montejurra haya expresado su deseo de participar en "una solución conjunta" para tratar los residuos urbanos de toda la comunidad. De hecho el órgano de Tierra Estella confirmó ayer que la propuesta se llevará a la próxima asamblea para su ratificación. La consejera de Administración Local Amelia Salanueva defendió ayer un sistema "único, homogéneo, equitativo, que cumpla con la normativa europea", evite que se generen "conflictos políticos con los residuos", y responda así al reto de reducir, antes de julio del 2009, el depósito en vertedero del 50% del peso de los residuos generados en 1995. El objetivo es que todas las entidades estén integradas voluntariamente antes del 2009. Con la creación del Consorcio el año pasado (inicialmente el 80% del coste lo pone el Gobierno de Navarra que copa el 50% del órgano) se ha reestructurado el mapa foral de los residuos de tal modo que a la planta de tratamiento del Culebrete (biometanización) llegan ahora los residuos de Sangüesa, Mairaga, Valdizarbe y Ribera Alta, además de la Ribera. Montejurra en cambio viene asumiendo las basuras de Tierra Estella en su planta de compostaje, mientras que la Comarca de Pamplona y toda la zona norte la llevan Góngora al no haber una planta de tratamiento de la materia orgánica (y Sakana a Arbizu). No obstante con la incorporación de las localidades norteñas al Consorcio será éste el que busque las "soluciones" idóneas como el traslado de estos residuos al Culebrete previo paso por una de las plantas de transferencia previstas para compactar la basura.

Así, en el ámbito de la Comarca ahora se generan el 55% de los residuos de Navarra pero no cuenta con un plan para su tratamiento tras el fallo de Supremo sobre la planta de biometanización de la fracción orgánica de Arazuri. Según explicó la consejera de Administración Local Amelia Salanueva, la MCP tiene sobre la mesa tres alternativas posibles: buscar una solución propia promoviendo una nueva instalación o bien adherirse al consorcio. En éste último caso, podría tratar sus basuras en Cárcar y Culebrete previamente "adaptados", o dejando al consorcio para que diseñe una "nueva solución" más global. La comisión técnica creada en diciembre del 2007 estudiará la "viabilidad" de las tres.

debate De entrada, la mayoría de los grupos políticos son partidarios de que la Comarca de Pamplona no "transfiera", en palabras de José Luis Izco (PSN), el problema de sus residuos a otras comarcas, y prevalezca el principio del "equilibrio" territorial. Así se puso de manifiesto en la comparecencia parlamentaria solicitada por NaBai para abordar la situación del plan de residuos (1999) ante un escenario de cierre de vertederos. La parlamentaria de NaBai Nekane Pérez avaló la apuesta por "soluciones globales" pero analizando el conjunto del plan de residuos con el fin de "no hacer parches". Asimismo, valoró como positiva la entrada de Montejurra en un consorcio que, dijo, debe primar lo "técnico". También Jerónimo Gómez, de UPN, pidió "solidaridad" a la MCP para que los residuos se "traten donde se producen", sin mediar "criterios políticos", añadió. Recordó así que el Culebrete ya ha sido solidario con el 80% del territorio navarro. Izco (PSN) tras criticar el "fracaso de la política de residuos" del Gobierno, abogó por una solución para la Comarca que evite que se traslade el problema a otras zonas "porque haya menor contestación social". Tampoco ve lógico que Cárcar y Tudela carguen los residuos "de toda Navarra" por lo que reclamó una mayor definición del Gobierno sobre "la previsión de que prospere una nueva planta en la Comarca". Para José Andrés Burguete (CDN), no se puede olvidar que la Comarca produce el 55% de los residuos, y dijo no apostar por ninguna de las tres opciones sino por aquella en la exista un "acuerdo" con la MCP. Para Ana Figueras (IU), la Ribera no puede convertirse en un "punto negro" en materia de residuos, destacó la mala gestión del Gobierno por la situación de Arazuri, a la vez que exigió mayor control público en la biometanización (energía eléctrica).