pamplona. El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, solicitó ayer la participación "activa" de la Administración a la hora de dar respuesta a los episodios de violencia en el ámbito sanitario, tras recalcar que en Navarra "no alcanzan proporciones alarmantes". Entre 2003 y 2007, según los datos facilitados por el SNS-O, se interpusieron en la Comunidad Foral 12 denuncias por agresiones al personal sanitario, 11 fueron verbales y una física. A pesar de que las cifras son muy inferiores a las que presentan otras comunidades, el Defensor lanzó varias recomendaciones, entre las que destaca, la puesta en marcha de "un sistema de sanciones que contribuya a mejorar las medidas de prevención y tratamiento de este problema". En este sentido, Enériz consideró que, con carácter general y sin otra excepción que la de los casos extremos de agresión física con lesiones, "puede resultar más propicia la imposición de una sanción administrativa que la persecución de los hechos como un delito de atentado (vía penal)".
Durante la presentación de un informe ante los parlamentarios de la comisión de Régimen Foral, Enériz apostó de forma clara por la prevención, por el desarrollo de una serie de medidas disuasorias que detecten y eviten este tipo de agresiones no sólo en el ámbito sanitario sino también en todo el sector público. Sin embargo, también apuntó que es necesario que exista un mecanismo legal eficaz, "ya que las normas sancionadoras, tal y como se ha visto con el carné por puntos, también realiza una función preventiva".
En su opinión, es la Administración quien debe tomar la iniciativa cuando se produzca un episodio violento "para activar así medidas de protección siempre en colaboración con el agredido u ofendido". En cuanto al castigo impuesto indicó que debe ser proporcional con los hechos cometidos. "La práctica que se suele poner en marcha, por la presión de los Colegios de Médicos, es calificar todos los hechos como delito de atentado y estamos intentando que esto no llegue a Navarra", explicó Enériz, que añadió que "se trata de evitar que todas las agresiones deriven en la tipificación de un delito de atentado". Por ello, el Defensor recomendó a la Administración que si la agresión conlleva lesiones relevantes se acuda a la vía de lo penal mediante la oportuna querella o denuncia, pero que si no existe tal agresión física se planteen la incoación de un expediente administrativo y la imposición de sanciones administrativas adecuadas.
Con el objetivo de que el ordenamiento jurídico recoja esta proporcionalidad, Enériz pidió la modificación de la Ley Foral de Salud para que incluya como deber de los usuarios el mantener el debido respeto al personal, el cambio forzoso de centro sanitario, como medida provisional sancionadora, y modificar alguna tipificación de infracciones.
¿hay constancia de todas? En los últimos cuatro años, Navarra registró doce denuncias interpuestas por médicos, enfermeros u otros trabajadores del ámbito sanitario. "Es un número más reducido que el de otras CCAA bien porque el nivel de agresiones es más bajo o porque no se tiene constancia de todas las que se producen", indicó Enériz, que aseguró que "hay más supuestos de mala educación o de discusiones verbales o tensiones que casos de agresiones o vejaciones". Pese a ello, el Defensor por dar una respuesta con carácter preventivo y organizativo, durante la agresión y después de la violencia.
