EGURAMENTE, la detención de la alcaldesa de ANV en Arrasate, Ino Galparsoro, por orden del juez Garzón -o el registro del Ayuntamiento por la Policía Nacional- no originará una masiva respuesta social de rechazo a una medida de dudosa calidad democrática, aunque permitirá alimentar una vez más el victimismo político. Entre otras razones, porque el seguidismo de esa parte de la izquierda abertzale a la estrategia violenta y chantajista de ETA es una losa política, ética y social que les deriva directamente al autoaislamiento y asienta el rechazo social que emana del hartazgo ciudadano. Pero su negativa a rechazar y condenar un hecho tan infame como el asesinato de Isaías Carrasco -un convecino suyo sin posibilidad alguna de defensa y tan solo por sus ideas políticas- no la convierte en miembro de ETA, ni la sitúa como colaboradora de organización terrorista. Tampoco ese lastimoso deambular entre excusas y argumentaciones sin contenido humano, político o social real para evitar reconocer lo que la inmensa mayoría de sus vecinos vive con hartazgo y desmoralización -la dramática inutilidad del asesinato de un ex concejal socialista- sirve como prueba objetiva para asentar la acusación de desobediencia judicial y quebrantamiento de las medidas cautelares de suspensión de actividades de ANV. Acusaciones tan graves en un Estado de derecho asentado sobre valores democráticos exigen pruebas evidentes e indicios objetivos. Ni unas ni otros aparecen en la decisión de enviar a la cárcel a la alcaldesa de Arrasate. Un mínimo de higiene judicial democrática que, además, no puede obviar que su posición política como alcaldesa se deriva del respaldo democrático de los ciudadanos, incluso que ha superado una moción política de rechazo por la división partidista de los grupos que niegan la violencia como instrumento político. Y si la Justicia se utiliza al servicio de intereses políticos -si se convierte en un medio de lucha no democrático contra métodos antidemocráticos- pierde credibilidad y eficacia. La Audiencia Nacional es un tribunal excepcional, lo que origina espacios de sombra en los que los principios garantistas del Estado de derecho aparecen diluidos. Y no se puede olvidar que Rubalcaba dio luz verde a la lista de ANV en Arrasate -evidentemente, por los intereses políticos de entonces, con ETA aún en tregua, del Gobierno de Zapatero- y los tribunales la avalaron.
