Pamplona. El Consejo de Ministros nombró ayer oficialmente a Elma Sáiz nueva delegada del Gobierno de España en Navarra, cargo en el que sustituye a Vicente Ripa y del que tomará posesión el próximo lunes. A media tarde de ayer se pudo ver a Sáiz accediendo a la Delegación, donde mantuvo su primera toma de contacto con el delegado cesante, previsiblemente para conocer los retos y objetivos de la institución para los próximos cuatro años.
El principal de todos será la lucha antiterrorista, que, previsiblemente, va a ser más complicada que la legislatura anterior, marcada por la tregua de ETA y el proceso de paz. Entre las responsabilidades de Sáiz estará la de liderar a las Fuerzas de Seguridad del Estado en Navarra y dar la cara en los momentos más duros. Tendrá que hacer frente a ETA en un momento en el que la banda ha recuperado su actividad violenta en forma de atentados y amenazas, y que augura una escalada sostenida, también en la Comunidad Foral.
Pero no será el único reto complicado que se encuentre en la Delegación. Los próximos cuatro años deben ser los de la implantación de un modelo efectivo de coordinación entre todas las policías. Navarra cuenta con 2.300 agentes del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), y 900 policías forales, a los que hay que sumar los agentes de cada municipio, que en Pamplona, por ejemplo, suman casi 500. Esta multiplicidad de Cuerpos que comparten la misma demarcación exige una sistematización que evite la duplicidad de esfuerzos. Todo ello se tendrá que tratar en la Junta de Seguridad Estado-Navarra, donde se deberá estudiar también el reparto competencial de las funciones de cada Cuerpo, así como una posible transferencia de la gestión del Tráfico.
Junto a estos retos, Sáiz también deberá impulsar las infraestructuras competencia del Estado. Algunos de estos proyectos ya están avanzados, como la renovación total del aeropuerto de Noáin (en la que se van a invertir 60 millones de euros) o la construcción de la nueva cárcel, pero otros todavía faltan por desarrollar. Es el caso de la construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad, que Sanz y Zapatero han acordado, pero cuyo convenio sigue sin firma. Al Estado le corresponderá la construcción del tramo entre Castejón y Pamplona, con una inversión que supera los 500 millones de euros y que la Delegación del Gobierno deberá incentivar y controlar. Algo similar ocurre con las vías rápidas que deberán unir la Autovía del Camino con Logroño, Medinaceli con Tudela y Pamplona con Jaca. Obras que deberían finalizarse, o cuando menos estar muy avanzadas, antes de que acabe la legislatura.
Gestión del orden público Competencias puntuales de la Policía Foral al margen, es la Delegación del Gobierno quien debe velar por el Orden Público. Ello implica la gestión de las manifestaciones y concentraciones (casi 5.000 los últimos cuatro años, el 3% prohibidas), así como el combate contra la criminalidad en Navarra, que pese a ser una de las seis comunidades más seguras, supera los 30 delitos y faltas por cada mil habitantes. Sostener al menos este índice de criminalidad y hacer frente a la delincuencia organizada (tráfico de drogas, esclavitud laboral y trata de blancas) serán otras de sus funciones primordiales. Y con ello, la gestión de servicios públicos como la expedición del DNI y del carné de conducir, cuyos déficits se han superado esta legislatura.
Serán cuatro años de duro trabajo contra ETA, de construcción de infraestructuras y, por tanto, de inauguraciones. La primera, la nueva oficina única de extranjería de Buztintxuri, de más de mil metros cuadrados, y que entrará en funcionamiento el próximo otoño.
