bilbao. El juez Garzón aplicó ayer otra sorprendente vuelta a la tuerca judicial a la autodenominada izquierda abertzale. El magistrado de la Audiencia Nacional envió a prisión a la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro, acusada de colaboración con ETA y de incumplir la suspensión de actividades de ANV al dar ruedas de prensa en nombre de la formación.

Esto crea un precedente y podría servir para imputar a cualquier edil que hable en nombre de ANV más allá de su responsabilidad institucional; hoy mismo hay convocada una rueda de prensa en San Sebastián para valorar el encarcelamiento de la alcaldesa. Galparsoro es la cuarta dirigente de ANV a la que Garzón acusa de delitos de colaboración con banda armada, tras imputar un delito de colaboración con ETA y otro de asociación ilícita a Bereziartua, a la apoderada de la formación Alazne Arozena y al ex secretario general Antxon Gómez Lorente.

En su auto, Garzón afirma que Galparsoro se halla vinculada a las estructuras de HB-EH-Batasuna, posteriormente ANV, desde al menos 1987. Seguidamente, trata de demostrar la relación directa que enlaza a ETA con ANV. "Queda perfectamente clara la dependencia y sumisión a la organización terrorista ETA de ANV", sentencia el magistrado. Para ello, parte de un documento intervenido a la Mesa Nacional, fechado en 2007, en el que consideraba esencial participar en las elecciones generales. Garzón añade que, pese a hacer campaña en enero de 2008 y presentar candidaturas, ANV cambió de estrategia siguiendo instrucciones de Ekin-Batasuna, que decidieron promover la abstención y el boicot a dichos comicios.

rueda de prensa en pamplona El magistrado aporta documentos que demostrarían que otras organizaciones del "complejo terrorista dirigido por ETA" como Segi, Askatasuna o la propia ANV adoptaron y defendieron esos postulados. Y pone como ejemplo una rueda de prensa en Pamplona el pasado 21 de febrero en la que Galparsoro pidió la abstención y el boicot. Para Garzón, la clave que cierra este círculo es el comunicado de ETA del 1 de marzo. Todo esto le lleva a concluir que la alcaldesa de Arrasate podría haber incurrido en un delito de colaboración con organización terrorista -"sin excluir la posible integración" en la misma- porque ha cumplido los postulados que ETA impartió sobre las generales.

La segunda teoría que sustenta la decisión de enviar a Galparsoro a Soto del Real se basa en su presunta desobediencia al auto que suspendió las actividades de ANV. Garzón señala que ha ofrecido varias ruedas de prensa cuando lo tenía expresamente prohibido. "De plano quedan suspendidas cualesquiera actividades y por ende las que en el ámbito público e institucional (ayuntamiento) pueda desarrollar ANV con éste u otro nombre... Esta medida no afecta a las actividades que como personas individuales y titulares exclusivos de escaños puedan ostentar personas integradas en la formación política ANV".

El juez también estima que representantes de dicho partido han utilizado artificios para incumplir dicha medida, como utilizar el nombre de Electos independentistas/Hautetsi independentistak -hautsitsi independentikat , según Garzón-. Pese a que en su declaración Galparsoro afirma que no ha pertenecido nunca a ANV, el juez aporta nueve pruebas que entiende la vincularían directamente. Y no duda: "El incumplimiento ha sido conscientemente llevado a cabo y el quebrantamiento de la medida cautelar ha sido dolosamente cometido, salvándose de la desobediencia por la falta de apercibimiento expreso, que ahora se le hará".

destrucción de pruebas Aunque el juez no descarta actuar contra otros componentes de ANV, "cuya eventual responsabilidad se analizará aparte", Garzón no explica por qué envía a prisión a Galparsoro y no a otros dirigentes de ANV que supuestamente han cometido los mismos delitos. El juez esgrime que la prisión provisional es la medida adecuada por la gravedad de los hechos, por la reiteración de sus apariciones en nombre de ANV y porque podría destruir pruebas: "Cabe la posibilidad de destrucción de elementos probatorios, visto el puesto de responsabilidad que ocupa en el Ayuntamiento".

Precisamente, la Policía registró ayer el Consistorio de Arrasate y se llevó material escrito y audiovisual relacionado con las iniciativas de ANV desde el 8 de febrero, incluidos los tres últimos plenos. Iñigo Iruin, abogado de Galparsoro, lamentó que se abra la vía penal contra ANV. >d.n.