Tan estériles y antidemocráticas son las últimas bombas colocadas por ETA, más de diez kilos de explosivo contra sendos edificios públicos relacionados con el ámbito laboral ubicados en San Sebastián y Arrigorriaga, como todas las que las precedieron, aunque con el agravante -que nunca puede considerarse una cuestión baladí- de que en el segundo caso no mediara ningún aviso sobre la inminente deflagración. La paranoia criminal de ETA, su irracional apuesta violenta y chantajista, no es hoy más que una huida hacia adelante, como lo acredita que con estas explosiones se buscara notoriedad en el Primero de Mayo, la jornada en la que todos los sindicatos hacen causa de los derechos de los trabajadores. Esa clase obrera que los pistoleros dicen defender -para másinri en nombre de un pueblo vasco que proclama a diario su rechazo a cualquier expresión de totalitarismo-, lo que se revela como un sarcasmo intolerable a la luz del reciente asesinato a tiros de Isaías Carrasco, asalariado con nómina vinculada a un empleo en un peaje de autopista. En fin, que ETA optó hace escasamente unas horas por contribuir con más metralla a las sin duda justas reclamaciones laborales, entendiendo pues tanto quienes depositaron los artefactos como quienes les dieron la orden que, a más amonal, mejores salarios y menos precariedad; que, a más destrozos, mayores estímulos para la prevención de accidentes laborales y para la formación continua de los trabajadores. Una estrategia delirante que no hace sino incrementar el hartazgo ciudadano y el aislamiento de ese minorizado sector social que, cuando menos, hoy aún disculpa el recurso a la violencia. En todo caso, deberían compartirse dos principios tan complementarios como elementales: primero, que no existe ni existirá justificación para ninguna apuesta a sangre y fuego , ya que no hay proyecto político que sea defendible, y en consecuencia materializable, con la amenaza de las armas; y, segundo, que en la persecución del terrorismo no pueden caber atajos, que las imputaciones deben ser personales, concretas y con pruebas solventes como base porque, en caso contrario, esta praxis judicial no es un instrumento eficaz, en tanto que genera victimismo, y -lo más grave- cuestiona el garantismo sobre el que se cimenta todo Estado de Derecho.
