Las enfermedades profesionales son la gran asignatura pendiente de la salud laboral. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo estima que cada año mueren en Europa 140.000 personas por una enfermedad adquirida en el trabajo. A nivel estatal apenas se conocen datos reales y los que se dan oficialmente no son de fiar.

La Seguridad Social ha reconocido que en 2007 se dieron 377 pensiones de viudedad y de orfandad derivada de fallecimiento del cónyuge o progenitor afectado por una enfermedad profesional y que 25.000 personas fueron tratadas como consecuencia de estas enfermedades. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad considera que las personas que fallecieron por esta causa, durante el año pasado, pudieron llegar hasta 12.000. Los datos recogidos por los sindicatos suben la cifra hasta 16.115.

La incidencia de las enfermedades profesionales desde el punto de vista de género es desigual; si bien en el caso de los accidentes laborales la mayoría de accidentados son hombres, en el caso de las enfermedades, la incidencia es mayor en las mujeres.

Hay un gran ocultamiento de las enfermedades profesionales. El problema radica en la falta de reconocimiento y notificación de estas enfermedades. Ni empresas, ni mutuas están interesados por los costes económicos que se derivan de ello. Por otra parte los servicios de prevención han colaborado en este ocultamiento permitiendo que las evaluaciones de riesgos se hagan superficialmente y sin seguimiento. Así, la vigilancia de la salud no se ha llevado a cabo tal y como indica la ley, se ha limitado a simples reconocimientos médicos y no a un control acorde a los riesgos a los que se está expuesto y a nuestras características psicofísicas. Por último, hay que destacar que, frecuentemente, estas enfermedades se manifiestan después de mucho tiempo, incluso cuando ya se ha abandonado la actividad laboral. Además es difícil diferenciarlas de enfermedades comunes. Por ello es fundamental la implicación de los médicos de la Seguridad Social que deben comunicar la sospecha de que están tratando una enfermedad profesional; sin embargo, hasta ahora, han demostrado muy poco interés.

Hay que tomar medidas:

-Las empresas y las mutuas están obligadas a detectar y notificar las enfermedades profesionales que aparecen en la lista del Real Decreto. Si no lo hacen, debemos presionarles y denunciarles. De la notificación de estas enfermedades depende que se traten como tales y por lo tanto, se tomen medidas para que desaparezcan.

-Los y las representantes sindicales debemos denunciar ante la autoridad laboral y sanitaria cuando encontremos en el trabajo la repetición de casos con síntomas de enfermedad parecidos. Cuando sospechemos que una enfermedad que sufrimos es de origen laboral y la mutua no lo reconozca, debemos comunicarlo al médico de cabecera.

-Debemos exigir una verdadera vigilancia de la salud en el trabajo. No sirven las revisiones típicas de sangre, orina etc. Se deben hacer pruebas diagnósticas que detecten los verdaderos factores de riesgo y tengan en cuenta nuestras características psicofísicas.

-Hay que presionar a la empresa y a los servicios de prevención para que las evaluaciones de riesgos se efectúen correctamente. La identificación y medición de los agentes químicos y biológicos así como de los aspectos físicos que puedan afectar a la salud.

-No podemos permitir que los riesgos psicosociales se sigan ignorando sistemáticamente tanto en las evaluaciones de riesgos como en la vigilancia de la salud. Recibir un trato digno en el trabajo es un elemento fundamental para que este trabajo sea saludable.

-Debemos prestar especial atención a las enfermedades músculo-esqueléticas, ya que representan el 80% de las enfermedades que padecemos. Por lo general no se consideran enfermedades profesionales, a pesar de que muchas de ellas las adquirimos en el trabajo. En el mejor de los casos son consideradas como accidentes de trabajo, pero la mayoría pasan por enfermedad común.

Uno de los casos más llamativos y graves es de los afectados y afectadas por el amianto. Trabajar con amianto produce cáncer. Durante años se ha utilizado este producto en la industria y la construcción, prácticamente sin control. Hoy, unas 30.000 personas están afectadas en Navarra y la CAPV, y se espera que de ellas una de cada tres muera de cáncer. Desgraciadamente no sólo tienen que sufrir la enfermedad, sino también la incomprensión y la falta de reconocimiento de sus derechos por parte la administración, las empresas, las mutuas y las aseguradoras.

Que el grave problema de las enfermedades profesionales ocupe el lugar que se merece en las prioridades de la acción preventiva así como de la lucha sindical, ha de ser uno de nuestros objetivos fundamentales. Defendamos nuestra salud y nuestros derechos.

(*) Miembro de ESK. También firma Iñaki Redin Erro, miembro de STEE-EILAS