El Parlamento de Navarra analiza en una ponencia los instrumentos para combatir la pobreza en Navarra, y en especial el futuro de la denominada renta básica. En principio, algunos datos macroeconómicos sitúan a Navarra mejor que otros espacios territoriales en esta cuestión, una sociedad próspera en la que las bolsas de pobreza y exclusión son una realidad minoritaria y están aparentemente controladas. Sin embargo, los datos de un reciente estudio sobre la realidad de la exclusión social en la Comunidad Foral sitúan al 22,1% de las personas que viven en Navarra por debajo del umbral de la pobreza relativa, y muestran un realidad muy diferente a la que expone habitualmente la autocomplaciente propaganda institucional. Así, según este análisis, Navarra aparece a la cola del Estado sobre todo por la diferencia entre el alto nivel de vida de que disfruta buena parte de su población y lo limitado de las ayudas para quienes no están integrados en el modelo socioeconómico actual. Navarra es la comunidad donde existe una mayor brecha social: aunque los índices reflejan una media alta en casi todos los niveles de medición social porque las clases medias y altas son amplias y aún disfrutan de niveles de capacidad adquisitiva aceptables, hay una realidad social objetiva importante que no alcanza esos mínimos necesarios para formar parte integrada de la sociedad. Una realidad social que hay que afrontar por ética -por compromiso con los valores de una sociedad que se dice basada en la convivencia, la igualdad de oportunidades, la justicia social- y porque a largo plazo las bolsas de exclusión generan espacios de conflictividad y desintegración social que acaban afectando al conjunto de los ciudadanos. Y más aún si la actual situación de crisis puede acabar trasladando a una parte de la sociedad, hoy en situación de cómoda integración, a los límites de la exclusión y la marginalidad de la pobreza. Un instrumento de lucha democrática contra el riesgo de la dualización de la sociedad es la renta básica -ahora, 450 euros-. Una medida efectiva (además de un derecho legal) que debe ser mejorada y seguir siendo compatible a la hora de avanzar en la integración social con aquellas otras destinadas a la cualificación profesional y a la integración laboral. La compatibilidad de unas y otras medidas es la garantía de una efectividad en la lucha contra la exclusión social que forma parte del interés común de la sociedad.
