Editorial Aire en la UE para el autogobierno fiscal
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RAS varias escaramuzas judiciales derivadas de impulsos políticos interesados perdidas, el modelo foral de autogobierno ganó ayer una crucial batalla en Luxemburgo. Las conclusiones de la abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, no dejan resquicio a la duda: la autonomía fiscal de la CAV -y por extensión la de Navarra- encaja en la normativa comunitaria, por lo que la fiscalidad foral mantiene su capacidad histórica para regular sus propios impuestos. Las opiniones de Kokott no son sentencia firme, pero son recomendaciones que determinan la resolución final del Tribunal Europeo, ya que cuestionan el fondo de la pregunta prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a los recursos planteados por La Rioja y Castilla-León contra los regímenes forales. En ese sentido, la abogado general recomienda al Tribunal de la UE el desarrollo de la jurisprudencia que inició con la sentencia de las Azores - cimiento judicial de la valoración de Kokott sobre la fiscalidad foral-, para despejar las dudas sobre la coexistencia de varios sistemas fiscales dentro de un mismo Estado de la Unión. En concreto, reconoce como ajustadas a derecho tres premisas clave del caso Azores : la especificidad fiscal y su desarrollo legal están reconocidos dentro de la Constitución estatal, los entes políticos tienen autonomía para aplicar la normativa y, por último, el Estado no puede compensar las rebajas fiscales de los ejecutivos autonómicos. Las tres condiciones se cumplen en el caso del Convenio Económico de Navarra y del Concierto Vasco, según Kokott. En cualquier caso, su recomendación va más allá del plano jurídico, porque defiende en su argumentación la esencia misma del autogobierno foral en el ámbito fiscal: tiene, según afirma, una gran independencia de gestión respecto al Estado español fruto de los derechos históricos. Y recuerda que Bruselas respeta la identidad nacional de los países miembros y asume sus estructuras constitucionales, sea un estado centralizado o federal. El alcance político del informe debiera dejar definitivamente de lado actitudes tan inexplicables como la obstinación de amplios sectores jacobinos del PP y del PSOE en poner en tela de juicio los regímenes forales, su utilización electoralista para fomentar los enfrentamientos territoriales y la manipulación interesada del modelo de autogobierno fiscal como un supuesto privilegio político.
