pamplona. La anunciada ausencia de Txentxo Jiménez (NaBai) en la sesión plenaria celebrada ayer en el Parlamento foral propició que la reforma de la Ley del Euskera para ampliar la zona mixta a cuatro municipios de la Cuenca de Pamplona (Galar, Aranguren, Noáin y Beriáin) no obtuviera, por uno, los votos requeridos (los 26 que marcan la mayoría absoluta), por lo que finalmente fue rechazada. Nafarroa Bai apeló a la cortesía parlamentaria para tratar de salvar finalmente esta embarazosa situación (Jiménez faltó a la sesión por estar de viaje en Nepal), pero ni UPN ni CDN aceptaron sus argumentos y votaron contra la propuesta mientras el conjunto de la oposición, que ganó 25 a 24 la votación, vio cómo era rechazada la iniciativa por no alcanzar los apoyos necesarios. Ante esto, Maiorga Ramírez pidió disculpas en nombre de Nafarroa Bai, reconoció un "error imperdonable" y comprometió el esfuerzo de su grupo para que cuestiones como ésta no se vuelvan a repetir.
No obstante, IU, grupo proponente de la reforma, tenía una carta guardada en la manga y pese a que en principio, según creían todos, este tema no podía ser votado de nuevo hasta el inicio de un nuevo periodo de sesiones en septiembre, la coalición de izquierdas lo selló de nuevo en el registro de la Cámara. IU había consultado con los servicios jurídicos de la Cámara y, según su portavoz, Ion Erro, recibieron el aval del letrado mayor. "Tras la reforma del Reglamento en ningún sitio se especifica que una proposición de Ley no pueda votarse dos veces en el mismo ejercicio, por lo que nosotros la hemos vuelto a presentar", anunciaba. En la bancada de UPN el enfado de Miguel Sanz, que había calificado de "frivolidad" la ausencia de Jiménez, era evidente, al igual que el estupor en los dos escaños que ocupa CDN.
Según explicaba Erro, el plan es volver a presentar la reforma para que la Mesa y Junta de Portavoces acepte su tramitación, por vía de urgencia, el próximo lunes. De ser así, la votación quizá pudiera repetirse antes de las vacaciones de julio. "El único requisito, al margen de los informes jurídicos que pueda encargar UPN o el Gobierno, es que esta vía de urgencia sea apoyada también por NaBai y PSN y, claro, que nadie falte en esa sesión", apuntaba Erro.
posturas En cuanto al debate en sí éste se dividió en dos partes: primero la votación de las enmiendas de supresión del articulado mantenidas por UPN y CDN y, segundo, la votación del dictamen de la reforma. Las primeras fueron rechazadas y el segundo aprobado, aunque la reforma en sí decayó por no llegar a la mayoría absoluta.
Los grupos mantuvieron las posturas expresadas ya en comisión. Por UPN, Carlos García Adanero reiteró que su grupo no ve necesaria esta reforma ya que la ley "ha demostrado ser eficaz" y, de todas formas, apeló a un mayor consenso para modificarla: "El 48% de los navarros no comparten estos cambios en una norma que forma parte del bloque constitucional de la Comunidad Foral". Por CDN, José Andrés Burguete compartió este argumento y puso en duda el estudio, elaborado por el Gobierno en el que él mismo participó, que justifica los cambios.
A favor votó NaBai. Ramírez, tras pedir "disculpas" a la ciudadanía por la ausencia de Jiménez y decir que "cada parlamentario tiene el derecho y el deber de estar en los lugares en los que se toman decisiones", aclaró que la coalición apuesta por una modificación más profunda de la normativa aceptando ampliar la zona mixta a todos los municipios que así lo soliciten. Criticó además que los convergentes "no quieran hacer nada" y que UPN "prime sus planteamiento políticos por encima de las demandas de la ciudadanía".
María Victoria Arraiza (PSN) defendió que la ley "ha posibilitado que muchas personas que desconocían el euskera lo conozcan hoy", pero explicó que "la ley tiene sus propios mecanismos para saber adaptarse a la realidad sociolingüística". "El PSN no pretende cambiar la realidad, sino atenerse a los usos sociales reales de la misma", justificó. Además atacó los argumentos de CDN: "Ha habido un estudio y dicen que no es adecuado, pues lamentamos que el Gobierno haya encargado un estudio que no sea un buen estudio", dijo.
Finalmente Erro (IU) criticó que la ley, según está, hace depender los derechos lingüísticos de los ciudadanos de la Cuenca "de dónde cada uno haya tenido la oportunidad de adquirir una vivienda".
