pamplona. Casi 7.000 navarros, algo más de 6.700 según los últimos datos, reciben en la actualidad servicios y las ayudas contempladas en el marco de las nuevas leyes de la Dependencia y la de Servicios Sociales de la Comunidad Foral que, con más fondos y prestaciones, tiene su marco en la estatal. La principal virtualidad de este nuevo marco normativo es el reconocimiento del derecho subjetivo de las personas a percibir los servicios sociales y, por ello, la obligatoriedad de las Administraciones Públicas a prestarlos. Este reconocimiento se plasma y se concreta, en el ámbito de Navarra, en la Cartera de Servicios Sociales recientemente aprobada por el Ejecutivo foral, y que, una vez que sea analizado por el Consejo de Navarra, entrará en vigor el próximo junio.

A partir de entonces, los navarros que reúnan los requisitos para acceder a estos recursos deberán disponer de ellos en un plazo máximo de seis meses y, tal y como anunció recientemente la consejera de Servicios Sociales, Maribel García Malo, a partir de junio de 2009, la Administración sólo tendrá tres meses para atender estos derechos que, en caso de no cumplirse, podrán ser objeto de recursos ante los tribunales.

El Gobierno de Navarra piensa destinar entre los años 2008 y 2011 más de 825 millones de euros a la citada Cartera de Servicios Sociales y calcula que los beneficiarios de estos servicios y ayudas podrían llegar a 150.000 personas, entre dependientes y otros colectivos vulnerables. Con este desarrollo foral, que cuenta con apoyo económico del Estado, el Gobierno pondrá en marcha un catálogo de 140 prestaciones, de las que el 64% (en total suman 90) estarán garantizadas y el resto (50) dependerán de si hay fondos. Se trata de prestaciones que en muchos ya están en marcha.

perceptores La gran novedad de la Cartera de Servicios Sociales es que establece el derecho de las personas a servicios sociales concretos, como un derecho subjetivo exigible. El cambio de concepto viene impulsado por la Ley estatal de Dependencia aunque tiene su fuente jurídica en la citada ley foral de Servicios Sociales. Además, concreta este derecho, de forma que tanto la población como los y las profesionales van a disponer de un instrumento que les permite conocer a qué prestaciones tienen derecho y a cuáles pueden acceder aunque no sean garantizadas; qué requisitos deben cumplir para poder acceder a esas prestaciones; durante qué periodo y horario estará abierto el servicio; en qué plazo la Administración se compromete a dar la prestación; qué cuantía les corresponde cobrar cuando se trata de ayudas económicas, y qué intensidad de servicio como mínimo puede exigir.

La Cartera va más allá de lo previsto en la Ley de Dependencia. Ésta establece tres grados de dependencia (gran dependencia, severa y moderada), cada una de ellas con dos niveles (1 y 2), y prevé una aplicación progresiva, de forma que en el año 2007 se protegería a los grandes dependientes, en 2008 y 2009 a los dependientes severos de nivel 2, en el año 2010 y 2011 a los dependientes severos de nivel 1, y a partir de 2012 a los dependientes moderados. Sin embargo, la Cartera navarra prevé que los dependientes severos de nivel 1 entren ya este año para recibir ayudas para permanencia en el domicilio y para los ingresos temporales en residencia, y el año que viene para los servicios de centro de día, estancias diurnas, y transporte adaptado. El pasado año 2007, el presupuesto que el departamento de Asuntos Sociales dedicaba a las prestaciones que hoy forman parte de la Cartera ascendió a 141 millones. Para este año 2008, previendo la puesta en marcha de este servicio, el Gobierno de Navarra presupuestó 172,3 millones. Para los próximos años, la dotación económica ascenderá a los 207 millones en 2009; 217 millones en 2010 y más de 229 millones en 2011. La cartera recoge todas aquellas prestaciones que son responsabilidad del Gobierno de Navarra y garantiza un mínimo homogéneo en toda Navarra en el ámbito de la Atención Primaria o de los Servicios Sociales de Base.

pamplona. Los mayores, los discapacitados, los menores y las personas con enfermedad mental o aquellas en situación de exclusión social son los destinatarios del medio centenar de prestaciones, servicios y ayudas no garantizadas, es decir que prestará la Administración sólo si hay recursos. La Cartera de Servicios Sociales las recoge y determina. Así, los mayores podrán acceder a los servicios de centros de día, estancias diurnas o estancias nocturnas en residencias y piscogeriátricos; ingresos temporales; servicio de prevención de la dependencia, ayudas económica para comedores y subvenciones a entidades.

Las prestaciones no garantizadas para personas con discapacidad consisten en servicios de centro de día, estancias diurnas y nocturnas; piso tutelado/funcional; ingresos temporales, atención en residencias, transporte adaptado y asistido, teléfono de emergencia, centro ocupacional, ayudas técnicas y subvenciones. Las personas con enfermedad mental podrán acceder a las citadas prestaciones que incluyen además el servicio de residencia hogar. En el apartado de incorporación social se recogen seis prestaciones no garantizadas -centro ocupacional, empleo protegido, ayudas a proyectos de trabajo y de acceso a vivienda y subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en este campo-. Por último, la Cartera recoge cinco prestaciones no garantizadas para los menores consistentes en servicios de centro de día, orientación familiar, mediación, punto de encuentro y ayudas. >l.c.