PAMPLONA. La red de centros concertados ha mostrado su total rechazo al borrador del reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Financiación del libro de texto, que establece que serán los centros quienes deban hacerse cargo del procedimiento de gestión administrativa del sistema de préstamo. Las dos patronales que agrupan a cerca de 50 colegios concertados (la Asociación de Centros de Enseñanza de Navarra y la Asociación Navarra de Educación y Gestión, ANEG) quisieron dejar claro que no entran a debatir ni la ley ni la fórmula elegida para implantar la gratuidad de los manuales, "es lo que se ha aprobado y vamos a seguir por ese camino", puntualizó el presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza de Navarra, Francisco José Flores, pero consideran que debe ser la Administración quien asuma la responsabilidad de comprar, supervisar y hacerse cargo de la guardia y custodia de los libros. Ambas entidades han presentado varias enmiendas que se debatirán el próximo lunes en el pleno del Consejo Escolar.

El borrador del reglamento establece que los libros son propiedad de la Administración, sin embargo, deja en manos de los centros "la obligación de guardia y custodia respecto de los libros de texto" y de la comisión elegida por el Consejo Escolar del centro la revisión de los libros y el traslado a las familias de los alumnos que lo hayan utilizado incorrectamente de que deben reponer el material deteriorado. Asimismo, es la Dirección del centro quien debe informar a Educación de las necesidades de reposición así como los nuevos lotes que pudieran ser necesarios. "Los centros estamos obligados a educar a los alumnos en el uso responsable y solidario del material, pero la gestión administrativa no tiene nada que ver con la educación", señaló Iñaki Iraizoz, asesor de ANEG. En su opinión, la Administración "se ha desentendido y nos ha trasladado la gestión administrativa en bloque, lo que nos va a provocar muchos problemas". En esta misma línea se posicionó Flores. "Delegan en los centros un tema que es su responsabilidad, algo inaudito", dijo.

discusiones con familias Aparte de la necesidad de contratar nuevo personal para poner en marcha el proceso "para lo cual no se prevé ninguna financiación", uno de los grandes miedos de estas asociaciones está en las discusiones que se pueden dar con las familias que deban reponer el material y no lo acepten. "Nuestro trabajo no es tener que ir detrás de las familias que se nieguen a reponer los libros para obligarles a que lo hagan. Lo lógico es que la Administración enviase a cinco funcionarios para que revisaran el estado de los manuales y se encargasen de la reposición", explicó Iraizoz. Ambos confían en que Educación permita una gestión más sencilla y eficaz y al parecer el departamento podría estar pensando en modificar el reglamento para que los libros sean propiedad de los centros en lugar de la Administración.

La federación católica de padres Concapa, que ha presentado un buen número de enmiendas, tampoco comparte cómo se ha desarrollado la ley. Por lo mismo, por cargar toda la gestión del sistema en los centros. "No es su labor, es de la Administración", indicó José Javier Solabre. En su opinión, el departamento "se ha precipitado", ya que pese a que "es necesario plantear la gratuidad de los libros de texto hay que hacerlo bien para que sea un reparto equitativo y no perjudique a nadie".

moción rechazada En la otra orilla se encuentran la Federación de padres y madres Herrikoa, CCOO o STEE-EILAS quienes, a través de una enmienda aprobada en el dictamen, solicitan incluir además del procedimiento del bono libro para la adquisición de libros de texto "otro que otorgue a los centros y consejos escolares la capacidad para adquirir los libros y para establecer el sistema de compra y la organización que consideren oportunos". En definitiva, se trata de dar mayor libertad e involucrar a los centros y apymas en su gestión. "Que sea el centro quién decida y asuma el papel de líder sin cerrar otras posibilidades", indicó Pedro Rascón, de Herrikoa.

Este fue uno de los puntos de la moción presentada ayer por el grupo parlamentario de IUN, que sólo recibió el apoyo de Nafarroa Bai. El PSN se abstuvo, ya que "es el Gobierno y no el Parlamento quien debe desarrollarla" mientras que UPN y CDN votaron en contra. En el texto se instaba al Gobierno a que el reglamento "recoja la filosofía que la ley persigue, el uso de lo público como parte del bien común". Una de las peticiones fue que nadie pueda renunciar al programa de gratuidad, ya que como indicó Mª Luisa Mangado, de NaBai, "puede generar discriminación", y que el programa Educa sea el único registro en Navarra (sólo incluye a los públicos). Por último, instaba a que la emisión de bonos o la gestión directa la lleven a cabo "los centros de acuerdo entre apymas y dirección sin necesidad de mediar empresa privada para desarrollar este cometido".