L informe de la Cámara de Comptos sobre las Cuentas de Navarra de 2006 incide en una de las recomendaciones habituales de esta institución al Gobierno foral: la necesidad de racionalizar el sector público que conforman empresas y fundaciones -incluso la supresión de algunos organismos autónomos-, tanto como vía que asegura un control más eficiente del gasto público como para garantizar la máxima transparencia y control democrático. En un tono menos contundente que el que utilizó el órgano fiscalizador hace un año -cuando criticó al anterior Ejecutivo de UPN y CDN por utilizar las empresas públicas para encubrir adjudicaciones a dedo-, Comptos reitera la necesidad de que se aborde definitivamente la conveniencia de aglutinar o reducir el número de empresas públicas, ya que existen algunas que tienen objetos sociales muy similares. En este sentido, cita expresamente el caso de la empresa pública Sprin, creada por el Gobierno de Navarra para inversiones en infraestructuras, y afirma que su actividad debería estar sometida al control político del Parlamento de Navarra. Una recomendación dirigida a garantizar los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia y objetividad que deben presidir la acción y contratación en las sociedades públicas. Más aún si, como es el caso de Sprin, su fondo económico -una transferencia de 270 millones de euros, 45.000 millones de las antiguas pesetas, que gestiona directamente eludiendo curiosamente el control presupuestario del Parlamento- sale del superávit de la Administración. Además, plantea que el Gobierno revise sus propios requisitos para la creación de nuevas empresas públicas, un sector que en ocasiones acaba siendo sólo un lugar en el que reubicar a cargos políticos sin destino en las nuevas etapas con una mínima o nula función real. El informe de Comptos vuelve a reclamar una clarificación de los encargos que se realizan mediante convenios, encomiendas y otros sistemas a las empresas públicas, en algunos casos para tareas sin relación alguna con su objeto social. Y, por último, denuncia que en la contratación de personal por parte de la Administración foral transcurren de media 608 días desde que se publica una convocatoria de empleo hasta el nombramiento. Un año más, Comptos incide en la necesidad de mejorar la eficacia y eficiencia y el control y la transparencia de los recursos públicos generales.
