madrid. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció ayer que la tarifa eléctrica que se aplicará en el tercer trimestre del año incluirá "una tarifa social para todo el que lo necesita", aunque no concretó qué colectivos se verán beneficiados por la misma.

El titular de la cartera de Industria destacó que la nueva tarifa eléctrica, que se conocerá en las próximas semanas, será "razonada y razonable", e incluirá mecanismos de ahorro para que "la gente no tenga que pagar más por la luz aunque suba el precio de este recurso".

El anuncio de Sebastián se produjo después de que fuentes de Industria explicaran ayer que esta tarifa social es una "opción que está en estudio" y que se encuentra aún en fase "embrionaria". "Estamos estudiando diferentes colectivos y escenarios, pero es un tema que está aún poco avanzado y mucho menos cerrado", indicaron.

Desde el Ministerio señalaron que cotejan "diferentes posibilidades" teniendo en cuenta la tipología del consumidor, la potencia contratada y el nivel de consumo, y no precisaron si, además de a los pensionistas, esta tarifa social se extenderá a otros colectivos desfavorecidos o con menor nivel de renta.

La organización de consumidores Facua consideró que el posible lanzamiento de dicha tarifa social crea "confusión acerca de cómo se va a fijar la tarifa de último recurso", que es a la que se acogerán los consumidores domésticos y las pequeñas y medianas empresas cuando se liberalicen las actuales tarifas. En opinión de Facua, el Gobierno no está actuando de forma "transparente" ni con "seriedad" al hacer "filtraciones a medias" y al no tener en cuenta a las organizaciones de consumidores.

Por su parte, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, indicó ayer que la tarifa eléctrica social destinada a las rentas más bajas que prepara el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio "sólo beneficiará" a 100.000 de entre los 20 millones del total de usuarios, apenas un 0,5%.

Sebastián explicará hoy durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, y a instancias del PP, la subida de la tarifa eléctrica que contempla su departamento tras recibir el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), en el que se propone un incremento de hasta el 11,3%.

Por otro lado, la Unión de Consumidores de España (UCE) pidió ayer la retirada, por "inconstitucional", del real decreto que modifica la tarifa nocturna eléctrica y anunció que "si el Gobierno no lo paraliza, llevará a la Administración a los tribunales".

Los consumidores dicen que el nuevo sistema encarecerá en cerca de 140 euros anuales la factura de los usuarios de tarifa nocturna y, en algunos casos, podría elevar la factura en cerca del 80%.

La UCE -que ya ha denunciado el texto ante el Defensor de Pueblo y ante instituciones similares de carácter autonómico- entiende que trece años después de potenciar y apoyar la tarifa nocturna, el decreto tiene carácter retroactivo y vulnera el Artículo 9.3 de la Constitución, en el que se garantiza la seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. En definitiva, según el portavoz de esta organización, Dacio Alonso, la medida "altera las reglas del juego, la confianza legítima en un poder público" y "supone un daño patrimonial".

desajustes Incluso los servicios jurídicos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) expresaron en un informe algunas reservas acerca de la posible falta de ajuste en aspectos relacionados con la seguridad jurídica del decreto. Además, en el documento, los técnicos consideraron necesario que se aplique un régimen transitorio en la incorporación de la nueva tarifa nocturna.

Por otro lado, la UCE aconsejó a los consumidores "que no comuniquen de forma voluntaria la alteración del contrato" y que no respondan a las cartas que han comenzado a llegar a los afectados para que elijan una de las nuevas modalidades; de ese modo la compañía eléctrica impondrá la nueva tarifa según la potencia que tenga contratada cada consumidor. >agencias