pamplona. La interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en sus tres supuestos legales, se podrá aplicar en Navarra y podrá hacerse en el entramado tanto de la sanidad pública como de la concertada. Así se desprende de la decisión adoptada ayer por el Pleno del Parlamento que, finalmente y pese a la oposición de UPN y CDN, que quisieron dejar sin efecto la reforma de la Ley a través de 6 enmiendas, aceptó la iniciativa impulsada por Nafarroa Bai. Sin embargo, en términos prácticos no se elimina el derecho a la objeción de conciencia del personal médico, por lo que el Gobierno podrá seguir acogiéndose a este punto para financiar que este tipo de intervenciones se realicen fuera del territorio foral como hasta ahora. Eso sí, si hay quien esté dispuesto a realizarlas, el Ejecutivo estará obligado a respaldarlo con medios y "estructura".
La literalidad de lo aprobado ayer, que fue respaldado por el PSN y por IUN, dicta que las navarras, "como sujeto de derechos", tienen reconocidos "dentro de la sanidad pública y sanidad concertada, entre otras, la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos legalmente previstos". No obstante, la disposición final única de este texto legal faculta al consejero de Salud a dictar las resoluciones precisas "con escrupuloso respeto a la objeción de conciencia personal de los profesionales". Sin embargo, el Gobierno estará obligado a crear una "estructura profesional suficiente" que efectúe "con dignidad" la prestación del servicio sanitario de la IVE "dentro de la sanidad pública navarra".
Por último y con el fín de dar cobertura especial a los colectivos más vulnerables, la reforma prevé que el Gobierno establecezca "prestaciones complementarias que serán efectivas previa programación expresa y dotación presupuestaria específica y tendrán por objeto la protección de grupos sociales con factores de riesgo específicos, con especial referencia a la salud laboral".
defensa Para defender esta propuesta, la parlamentaria de Nafarroa Bai Asun Fernández de Garaialde señaló que la IVE "no es deseada por nadie y conlleva fuerte carga de presión y sufrimiento" y añadió que el número de interrupciones voluntarias de embarazo aumenta cada año en Navarra y entre jóvenes e inmigrantes. "No sólo pedimos la modificación de la ley sino que pedimos medidas más globales, preventivas, para no llegar a esta situación", dijo, para censurar después la "actitud hipócrita" de UPN y CDN, "que derivan a las mujeres navarras a otras Comunidades" . Defendió que la IVE, en los tres supuestos legales, se lleve a cabo en la Comunidad Foral y en la sanidad pública. "Y no nos vale la excusa del Gobierno de que cumple con la ley derivando a otras comunidades; son cuestiones políticas y una imposición de sus idearios a todos los ciudadanos", criticó.
Por el PSN, María Chivite manifestó que la ley no se aplica en Navarra y que es "hora de garantizar y respetar los derechos de las ciudadanas amparadas por ley". "Se está tratando a las mujeres de Navarra como mujeres de segunda", dijo, para asegurar que hay que "compatibilizar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales y el derecho de las navarras"
Desde IUN, Ana Figueras, que mostró su apoyo, dijo no obstante que ésta "no es nuestra ley porque estamos por la despenalización del aborto".
El regionalista Javier Marcotegui mantuvo que la reforma "no dice nada", por lo que "nada habrá que reglamentar y nada habrá que incumplir". "No reconoce nada que no esté reconocido y no modifica el régimen de la objeción de conciencia", sostuvo, para añadir que el texto pretende "conseguir el titular de prensa". "Este es un mal uso de la capacidad legislativa", opinó. José Andrés Burguete, de CDN, consideró "efectista" el texto, que "no aporta nada novedoso".
