Pamplona. Gobierno y oposición debaten cómo lograr un incremento en la cobertura social al colectivo de excluidos a través de la mejora de uno de sus instrumentos fundamentales como es la Renta Básica. Al margen de las diferentes interpretaciones y estadísticas sobre las personas potencialmente necesitadas de estas ayudas de subsistencia y de otras complementarias (adoptar una referencia autonómica o local provoca una diferencia de los números absolutos aunque se confirma que Navarra, pese a un número limitado de excluidos, es una comunidad con una notable desigualdad social) existe un acuerdo ya de base para equiparar la Renta Básica (456,4 euros) al SMI (600 euros). Sin embargo, mientras IU y NaBai solicitan hacerlo ya, UPN, CDN y PSN ponen el año 2010 como fecha para la confluencia final. En 2007 el Gobierno de Navarra otorgó 3.275 rentas básicas (hubo 4.185 peticiones) para un total de 2.269 unidades familiares (2,2 personas de media) que agrupaban a 5.150 ciudadanos. Esta ayuda social llegaría así a uno de cada cuatro de potenciales beneficiarios ya que, según el INE, en Navarra hay 19.865 navarros (el 3,3% de la población) que viven con menos de 4.507 euros al año, umbral autonómico de lo que se considera estar en situación de "pobreza severa", es decir, ingresar menos del 30% de la media. Este cupo se reduciría a un 1,9% (11.435 personas) si se adopta la referencia estatal.
Aunque el debate parlamentario de una proposición de ley de IU no ha concluído, desde el departamento de Asuntos Sociales se adelanta que se asumirán varias peticiones recordando que en los últimos años se han incrementado las cuantías de estas prestaciones.
La Renta Básica es la prestación económica que el departamento de Asuntos Sociales concede a las personas residentes en Navarra que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. La exclusión social se define como la acumulación de barreras que impiden (dejan fuera de ) la participación en la vida social mayoritaria a quienes la padecen. Los sucesivos desarrollos normativos han transformado esta ayuda en una prestación garantizada y un derecho que el ciudadano puede exigir a la Administración haya o no presupuesto siempre que cumpla una serie de requisitos que tienen que ver con su bajo nivel de ingresos, situación familiar, etcétera. Desde su puesta en marcha dentro del Plan de Lucha contra la Exclusión Social (1998-2005) hasta ahora esta prestación ha sufrido diferentes mejoras cuantitativas y cualitativas por efecto de la subida de su salario de referencia (en 2007 pasó del IPREM al SMI, un 19% superior), camino en el que tiene previsto seguir la Cartera de Servicios Sociales: prevé una rebaja del requisito de dos años de residencia a uno y subida del 80% al 85% de equiparación respecto al SMI en junio. El presupuesto ascendió un 23,7% respecto al 2005, aunque todo esto puede ser acelerado si el Parlamento acepta, posiblemente con enmiendas, una proposición de ley de IU respaldada también por NaBai en su esencia, con matizaciones temporales en el caso del PSN y con más reticencias respecto a su concepto por UPN y PSN.
La población potencialmente beneficiaria también ha sufrido fluctuaciones aunque el índice de cobertura es muy modesto incluso adoptando la estadística más reduccionista.
