cuatro años de prisión le ha caído al alcalde de Andratx por un delito de corrupción urbanística. Le acompaña en la condena, con tres años y medio, el ex director general de Ordenación del Territorio de Las Baleares, y algún asesor y funcionario más. Desconozco si jurídicamente la condena es excesiva o se queda corta. Con un poco de suerte puede ser el comienzo del fin de la época de corrupción urbanística que, coincidiendo con la era Aznar, ha azotado amplias zonas del Estado, como daño colateral de un frenesí constructor que se ha cebado con especial virulencia en las comunidades mediterráneas. Su herencia va a ser un litoral arrasado con un coste ecológico y social del que se lamentarán durante generaciones. Las denuncias por las andanzas del tal alcalde, cuyas causas pendientes con la justicia no se agotan con la sentencia dada a conocer ayer, se iniciaron con su partido, el PP, gobernando en la autonomía balear. Los populares han tenido que perder el gobierno en las Islas para que todo ello se materializara en una condena. La justicia española no se distingue precisamente por buscarle las cosquillas al poder. Las primeras informaciones sobre el caso Andratx coincidieron prácticamente con las denuncias contra el entonces alcalde de Egüés, Ignacio Galipienzo, también por delitos de índole urbanística. Contra este antiguo afiliado a UPN hace ya más de un año que se anunció la apertura de juicio oral, con unas peticiones de penas que llegan a los diez años. A día de hoy, seguimos esperando a su celebración. Entretanto, UPN, a diferencia del PP en Baleares, ha vuelto a formar gobierno merced a sus pactos con CDN y PSN, o sea que podemos esperar cualquier cosa. En esta comunidad de intensidad urbanística levantina, Urralburu no se sentó en el banquillo hasta que perdió el poder. Aquí las denuncias son sistemáticamente sobreseídas y las irregularidades las acaba bendiciendo el Parlamento foral.
POR AINGERU EPALTZA