ACE hoy un año, las ciudadanas y ciudadanos navarros votaron entre la continuidad de un modelo conservador que llevaba ya entonces 16 años casi ininterrumpidos en el Gobierno de Navarra y la posibilidad de un cambio político que modificase tanto el modelo de gestión de los recursos públicos y las prioridades del gasto presupuestario como las pautas de un sistema de participación institucional excluyente de una buena parte de la sociedad navarra. Unas elecciones que llegaron tras largos meses de crispación política, con un Gobierno formado por UPN y CDN -con mayoría absoluta- haciendo seguidismo de la estrategia de confrontación que la derecha extrema impulsaba desde Madrid. Y una oferta de alternativa institucional que apadrinaron PSN, con el apoyo de los más altos cargos del PSOE -Zapatero incluido-, NaBai e IU. El resultado de las elecciones modificó la correlación de fuerzas y UPN y CDN perdieron su mayoría absoluta, mientras que las opciones defensoras del cambio sumaron votos y escaños suficientes para trasladar esa voluntad democrática de cambio a las instituciones. Sin embargo, las exigencias de la realpolitk de Estado -ya sea la ruptura de la tregua por parte de ETA o las incertidumbres electorales del PSOE entonces- llevaron una vez más a Navarra a jugar el papel de moneda de cambio y el PSOE impuso a los socialistas navarros la continuidad de la derecha en Diputación aun en minoría. Y eso ya aporta una primera pregunta de alcance democrático: ¿Es realmente posible el cambio político en Navarra, o siempre habrá cuestiones de Estado superiores que se impongan a la libre voluntad de los navarros? Un año después, UPN y CDN mantienen una cómoda situación de gobierno muy alejada de las consecuencias que para el PP ha tenido la derrota electoral del 9-M. Es cierto que quedan aún tres años por delante y que está en manos de los partidos y grupos sociales que dicen defender una alternativa volver a presentar ofertas de gobierno capaces de recuperar la credibilidad de la mayoría de los ciudadanos. Pero también lo es que la derecha sigue jugando con la ventaja del blindaje impuesto desde Madrid y, sobre todo, con la capacidad de gestionar y controlar el reparto interesado de los recursos públicos comunes -apaciguando y controlando a los poderes fácticos de siempre y a los nuevos-, en función de lo que sea prioritario para mantener el control del poder.
