Suele ocurrir que cuando instituciones internacionales independientes elaboran informes sobre el respeto a los derechos humanos, las autoridades aludidas niegan veracidad a esos informes o los califican de sesgados. Así fue recientemente en el Parlamento de Navarra, cuando el PSN vetó con UPN la presentación del Informe de Amnistía Internacional sobre el Estado español de 2007 porque denunciaba torturas y malos tratos. Ahora, en su Informe de 2008 -que coincide con el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos-, incide en la cuestión de los malos tratos y las torturas en el Estado español, una involución democrática que se extiende por todo el mundo. Denuncia igualmente la vuelta de ETA a la violencia terrorista. También reprocha el régimen de incomunicación a los detenidos, insiste en la recomendación de la ONU de instalar cámaras en las comisarías y llama la atención sobre abusos en la expulsión de inmigrantes y la siniestra proliferación de la violencia machista. Y advierte que el archivo sistemático de las denuncias de torturas contribuye a asentar ese espacio antidemocrático de impunidad. Merece la pena no mirar a otro lado. Ni los intereses económicos, ni los bandazos de la realpolitik, ni la grosería ideológica de determinadas posiciones políticas, ni el fundamentalismo religioso, ni el terrorismo, ni la excusa de una supuesta seguridad colectiva pueden anteponerse a la libertad y los valores democráticos que reflejan el compromiso con los derechos humanos. Y el derecho a la vida es la única vía para ejercer el resto de derechos humanos individuales o colectivos. Un año más, merece la pena.