IJERA lo que dijera, anunciara lo que anunciara el lehendakari Ibarretxe sobre su proyecto de consulta, iba a ser rechazado de plano por las fuerzas políticas que se escudan como única referencia política y legislativa en la Constitución española -con la presencia interesada en el debate del Gobierno de Sanz-, aunque la potencialidad democrática de la Carta Magna vaya mucho más allá que el encorsetamiento al que le someten por intereses partidistas PSOE y UPN-PP. Desde que el lehendakari lideró aquel proyecto de modificación del Estatuto de Gernika, aquel demonizado Plan Ibarretxe gestado en los años de plomo tras la ruptura de Lizarra, el solo nombre de cualquier proyecto promovido por él está ya abocado al no, diga lo que diga. Ibarretxe es el enemigo a batir, el enemigo irreconciliable al que hay que negarle hasta el agua. Las reacciones al anuncio de proyecto de ley de consulta popular y al contenido de las preguntas fueron ayer las previstas, con más o menos virulencia, aunque examinada la propuesta sin pasión no admita objeción democrática alguna, tan solo una presunta dificultad burocrática legal que los tribunales tendrán que sustanciar. Lo demás es pura demagogia, o pura intransigencia. Tras el anuncio de ayer, ya no se podrá acusar al Gobierno de Vitoria de ambigüedad, puesto que las cartas están encima de la mesa. Y había que desatascar el bloqueo creado tras el fin del alto el fuego. Sobre la legalidad o no del procedimiento, los tribunales decidirán. Sobre las dos preguntas, la primera no es más que la traslación del acuerdo firmado en el Congreso por todos los partidos menos UPN-PP, en ese momento controlado por el aznarismo: un final dialogado de la violencia si ETA garantiza el abandono de las armas, una vía que, por cierto, destacados socialistas han seguido defendiendo tras la vuelta de ETA a los asesinatos. La segunda no es más que lo que Zapatero pidió al lehendakari y Patxi López planteó como solución: acuerdo entre los partidos de la CAV sobre el ejercicio del derecho a decidir. Pero el Gobierno central ya ha anunciado que intentará paralizar jurídicamente el proceso, una nueva imposición de los intereses electorales del PSOE -ahora con la vista puesta en la CAV-, a la necesidad de soluciones que demanda desde hace décadas la sociedad. Aunque aún hay tiempo para intentar todo lo posible por lograr un acuerdo, aunque ello implique incluso modificar procedimiento, fechas y preguntas.
