bilbao. El Gobierno central dejó claro ayer el guión que va a seguir a partir del 27 de junio si el Parlamento vasco da su visto bueno a la consulta: impugnar ante el Tribunal Constitucional la decisión y pedir la suspensión de la norma en aplicación del artículo 161.2 de la Carta Magna española.

La Abogacía del Estado ya está estudiando el proyecto de ley para preparar el camino. Así lo anunció la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quien garantizó que el Ejecutivo de Zapatero exigirá el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de Gernika y el ordenamiento jurídico.

Salgado trasladó la total oposición del Gobierno a un proyecto "unilateral", que no sólo no cuenta con el consenso necesario entre las fuerzas políticas, sino que, a su juicio, divide a la sociedad y se sitúa fuera de la Constitución.

Tras insistir en que los vascos quieren entendimiento, convivencia pacífica y respeto a todas las sensibilidades, la ministra aseguró que el diálogo al que apela el lehendakari debe ser respaldado por la amplia mayoría del pueblo vasco, que quiere convivir en paz y libertad. "No es tiempo de desafíos entre administraciones ni de la confrontación permanente", enfatizó la encargada de la cartera de Administraciones Públicas.

En la misma línea, José Antonio Alonso, otra voz cualificada dentro del Partido Socialista, advirtió de que "el plan de Ibarretxe no tiene ningún recorrido jurídico ni político y será parado oportunamente" cuando sea necesario. El portavoz del PSOE en el Congreso explicó que el Ejecutivo de Madrid está plenamente legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una ley autonómica o cualquier otro acto de un parlamento autonómico que invada aquellas competencias que son exclusivas del Estado. "Y eso es lo que hará el Gobierno, desde el respeto institucional y desde la absoluta tranquilidad, pero con toda la determinación y firmeza que hay que tener en este caso", subrayó Alonso.

Por su parte, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, aseguró que el proyecto de ley pretende anunciar "la defunción de la Euskadi real", la que, según el dirigente del PSE, se ha venido construyendo durante las últimas décadas a través del pacto entre vascos.

Para el líder socialista, las dos preguntas dadas a conocer ayer por Ibarretxe tienen como único destinatario EHAK. "¿Dónde está el principio ético al que él alude en su primera pregunta? ¿Dónde está el rechazo inequívoco a la violencia para hacer política, si en la segunda habla de diálogo sin exclusiones?", preguntó López al lehendakari.

"Éste es un proyecto que viene con rebajas. Ya no pregunta a la ciudadanía si rechaza a ETA. Ni siquiera si desea que ETA desaparezca, como se venía anunciando estos días. Y nos parece terrible que incluso esa pregunta se haya dulcificado para que pueda apoyarla EHAK", subrayó.

Según López, el lehendakari es consciente de que la organización armada no va a parar porque él se acerque a las posiciones del nacionalismo más radical o porque los ciudadanos vascos se lo pidan en una consulta. En este sentido, el dirigente socialista aseguró que la propuesta, lejos de propiciar la unidad entre los partidos democráticos, la aleja.

Por último, el secretario general del PSE destacó que Ibarretxe ha dejado en evidencia al presidente del EBB -máximo órgano ejecutivo del PNV- Iñigo Urkullu, que "hace tan solo tres días nos decía que la pregunta incluiría una contundente condena" de ETA.

Como es natural, los partidos que integran el tripartito en el Gobierno vasco -PNV, EA y EB- defendieron ayer la propuesta de consulta a la sociedad del lehendakari Ibarretxe. >d.n./agencias