OS constantes récords de los precios de los carburantes han desencadenado una huelga indefinida de transportistas de incierto impacto general, ya que los camioneros están divididos en las diferentes comunidades del Estado, aunque ayer la repercusión en Navarra fue muy importante. En cualquier caso, quienes secundan la convocatoria -unos 70.000 vehículos- tienen capacidad para colapsar el país, bloqueando las entradas a las ciudades, a los centros de distribución y a los puertos, y provocar el desabastecimiento en los comercios. Las cadenas se han preparado para amortiguar el paro y aseguran que cuentan con reservas para varios días y, aunque ayer no hubo síntomas exagerados de los consumidores intentando acaparar productos, en el ambiente se respira esa atmósfera de pánico que provoca la posibilidad de desabastecimiento en breve plazo, una dinámica que puede encarecer aún más la cesta de la compra. Lo mismo puede ocurrir en las gasolineras -ayer algunas estaciones de Pamplona y su Comarca registraron ya pequeñas colas- y puede extenderse a la industria si las piezas y recambios quedan paralizados en el camino. Las demandas laborales de los transportistas, un sector en el que la inmensa mayoría es autónomo, surgen cíclicamente. Peticiones como el gasóleo profesional o una tarifa mínima obligatoria de los portes que permita enjugar en los precios el alza del petróleo son constantes. De momento, el Gobierno central ofrece cláusulas de revisión en los salarios que reflejen el incremento del gasóleo, medidas que favorezcan las prejubilaciones o facilitar el acceso a créditos con los que sobrellevar la situación. La negociación está abierta; las posiciones, todavía, alejadas. Lo cierto es que otros sectores como el pesquero o el agrícola, también en pie de guerra, cuentan con ayudas -exenciones fiscales o créditos flexibles- para mitigar el alza de los carburantes. La capacidad de Madrid y Bruselas de influir en el precio del petróleo es nula, o al menos no parecen dispuestos a interferir en un mercado cada vez más sujeto a la especulación, el crecimiento del consumo y la inestabilidad política, ni a reducir la presión fiscal sobre los gasóleos. Se impone, por tanto, la necesidad de generar unas condiciones económicas que posibiliten el desarrollo profesional de transportistas, agricultores o comerciales autónomos -igualmente afectados aunque con menor capacidad de presión social-, entre otros sectores.
