madrid. Gobierno, sindicatos y partidos políticos consideran una agresión al derecho de los trabajadores el acuerdo alcanzado ayer por los ministros de Trabajo de la UE para ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales. Los ministros de Trabajo de los 27 países de la UE, tras 12 horas de negociación, lograron sacar adelante la propuesta, que ahora deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo para su entrada en vigor.
La Comisión Europea (CE) mostró su satisfacción por el acuerdo porque "supone un paso adelante para los trabajadores" y refuerza el papel del diálogo social. Sin embargo, el Gobierno español rechaza la directiva europea, según afirmó el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien anunció que España trabajará en la Eurocámara para revisarla y formará un frente de oposición con Chipre, Grecia, Bélgica, Hungría, Portugal y Malta. España ha sido uno de los grandes opositores de la ampliación de la jornada, pero en los últimos meses perdió el apoyo de sus principales aliados en la negociación, Francia e Italia, con los que había bloqueado en varias ocasiones la reforma.
guardias El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reiteró ayer que todo el mundo está de acuerdo en que hay sectores específicos, como el sanitario, en el que se necesita determinar una jornada laboral que puede llegar incluso a las 60 horas. "Pero hay dos conceptos inasumibles para nosotros: el primero, que se considere como tiempo de descanso el tiempo que se está en el trabajo sin trabajar propiamente, por ejemplo, las guardias de los médicos, aunque no negamos que hay que calificar de algún modo ese tiempo". Y en segundo lugar el hecho de que la norma supone una regresión respecto a la normativa del 93, que establecía una jornada máxima de 48 horas, y que el máximo de 65 horas se acordaría entre empleador y empleado y no en base a una negociación colectiva".
Todos los partidos, excepto el PP, ven la directiva como un recorte social y exigen que no se transponga al ordenamiento español. El portavoz de Empleo del PP, José Ignacio Echániz, acusó al Gobierno de "confundir" a la opinión pública porque la directiva "no es obligatoria" y se ciñe a un problema con el cómputo de horas de guardias médicas.
Para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se trata de "un escándalo" que niega "la propia historia política y social de la UE". El portavoz de asuntos laborales de grupo vasco (EAJ-PNV), Emilio Olabarria, calificó la decisión de "agresión a los derechos de los trabajadores" y desde el PSOE, Elena Valenciano, dijo que era "retrógrada" y un "atentado" a los derechos del trabajador.
A juicio del ex presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo, la decisión refleja que Europa "debe ponerse las pilas" y "viene a decir" que los tiempos no están para hablar de reducción de jornada.
CCOO consideró "intolerable" la directiva y anunció que estudia alterar el contenido de su intervención de mañana ante la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciarla, en tanto que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, avisó de que "podemos abocar a una situación de confrontación muy seria". >agencias
