pamplona. El Ayuntamiento de Pamplona trasladará a la Administración central un requerimiento para que anule el proceso de expropiación de terrenos donde se ubicará la nueva cárcel, en la colina de Santa Lucía-Soltxate.

Así lo anunció el equipo de Yolanda Barcina en la comisión municipal de Urbanismo de ayer, al considerar que el Ministerio del Interior "no ha cumplido con el procedimiento exigible en este proyecto". Cabe recordar que NaBai solicitó lo mismo en una sesión anterior, y además mostró su oposición a que el centro penitenciario ocupe ese espacio, catalogado como reserva paisajística en el Plan Municipal.

Al parecer, el gobierno municipal ha tomado esta decisión tras acudir esta misma semana a levantar las actas de expropiación de los terrenos (parte del suelo es de propiedad municipal) y comprobar que "el Ayuntamiento no está en condiciones de defenderse o alegar contra la expropiación". Según explicó Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN), concejal delegado de Urbanismo, "cada expropiado debe saber si su terreno va a ser destinado al módulo central, a alguna construcción auxiliar o a un aparcamiento, porque eso tiene distintos graos de prioridad o de interés general". En este sentido, el Ayuntamiento considera que "todavía se desconocen las características básicas del proyecto".

Así las cosas, Pamplona va a pedir que "se retrotraigan las actuaciones al momento previo a las expropiaciones, y a partir de ahí se actúe en consecuencia". En todo caso, el Consistorio sabe que la nueva cárcel de Santa Lucía-Soltxate se ha declarado de interés público por el Consejo de Ministros, lo que facilita su construcción por encima de la consideración urbanística municipal, que "en cualquier caso, no se ha pedido".

al defensor del pueblo Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recibido una queja en la que un ciudadano pone de manifiesto las "contradicciones" entre las condiciones que debe cumplir el emplazamiento de una nueva cárcel, y las características del cerro de Santa Lucía. Según alega, el lugar elegido es un suelo no urbanizable y una reserva paisajística ("que se ha ignorado") con desniveles mayores a los permitidos.

La queja ha sido remitida al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, Enrique Múgica, ya que el ámbito se refiere a la actuación de una Administración estatal.