L referéndum sobre el Tratado de Lisboa -mal remedo de la fracasada Constitución de la UE- que celebró ayer Irlanda disparó de nuevo las alertas políticas sobre el futuro del proyecto europeo. Pero más allá de que un no irlandés descarrilaría de nuevo los limitados pasos dados a duras penas en los últimos años -tras los rotundos rechazos al texto anterior de Francia y Holanda-, se han vuelto a poner de manifiesto los dos principales problemas de la Unión Europea: el déficit democrático que asuela a sus principales instituciones y el creciente desapego de la sociedad ante un modelo de construcción europea básicamente burocrático y de escasa permeabilidad social. Sobre la primera cuestión, Irlanda es el primer estado que somete este Tratado a votación ciudadana después de que los no de franceses y holandeses llevara a los dirigentes europeos a inventarse la fórmula de aprobar las reformas por la puerta de atrás sin referendo popular. Además, aunque el Parlamento Europeo gana algo de peso político en el entramado institucional de la UE, todavía está muy lejos de poder ejercer un control político y democrático efectivo sobre la Comisión. Por otro lado, el desinterés ciudadano que mostró la limitada participación de los irlandeses en una consulta clave para el futuro de la UE -si ganase finalmente el no el Tratado de Lisboa no tendría validez- parece vinculado a hechos objetivos como que las decisiones sobre aspectos básicos de la vida cotidiana de millones de ciudadanos las toman personas desconocidas en el lejano entramado institucional de Bruselas. Y no es fácil aceptar que personas a las que la mayoría de los europeos no puede votar directamente decidan sobre cuestiones fundamentales del modelo europeo de convivencia, ya sea en materia laboral -como el peligroso intento de retroceso en materia de derechos que supone abrir la puerta a la jornada de 65 horas-, o en el ámbito de la inmigración, con la restricción de derechos a millones de personas. La UE sigue adoleciendo de tres déficits imprescindibles desde la perspectiva histórica europeísta: una dimensión social acorde con los valores del modelo socioeconómico europeo, una base democrática real conectada con los orígenes fundacionales y una asunción honesta de la realidad cultural e identitaria de Europa. Bruselas debe promover iniciativas que aproximen el ideario europeo al ciudadano y recuperen el espíritu progresista de su origen hace 51 años.