PAMPLONA. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó ayer el ingreso en prisión de manera incondicional para las dos empresarias detenidas la madrugada del miércoles en Orio acusadas de financiar a ETA. El magistrado les acusa de colaboración con la organización terrorista mediante el pago voluntario de dinero.

Según el juez, está acreditado que ambas recibieron sendas cartas entre los años 2003 y 2005 en las que se les pedía en un primer momento 120.000 euros y de forma posterior 30.000 euros. Las dos hermanas -María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz- negociaron una rebaja de hasta 6.000 euros, cantidad que finalmente pagaron, según explica Garzón en su auto.

El magistrado ha basado su decisión en la existencia de una carta de agradecimiento remitida a las imputadas por ETA una vez efectuados los pagos. El juez de la AN ha detectado términos que no son habituales en la extorsión a empresarios. En la misiva se les da las gracias debido a que con esta financiación han contribuido "a la libertad de Euskal Herria" y se les anima a que en el futuro sigan realizando aportaciones económicas.

La carta, firmada por la organización armada, fue localizada en el registro de la pequeña vivienda de Burdeos que ocupaban el supuesto número uno de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry , y los presuntos miembros del aparato político Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberria, que fueron detenidos en esta localidad francesa el pasado 20 de mayo. En ella se transmite a las dos imputadas que ETA ha recibido su "aportación" económica de 6.000 euros. Tras destacar "su patriotismo", les anima a que en el futuro sigan ayudando al proceso de liberación con el convencimiento de que tienen la vía para ponerse en contacto con la banda armada para realizar cualquier aportación o tratar otro asunto que pueda ayudar "en la lucha de liberación de Euskal Herria".

Garzón considera que el contenido de la misiva demuestra, por una parte, la próximidad ideológica de las dos hermanas con ETA y, por otra, que disponían de la "vía para continuar colaborando". Especifica que el pago se realizó entre abril de 2005 y 2008. Este último año es el que figura en la carta en la que se confirma la recepción de los fondos.

Durante el interrogatorio las dos imputadas negaron haber realizado pagos a la banda armada, si bien reconocieron que entre los años 2003 y 2005 recibieron dos cartas de extorsión firmadas por ETA que destruyeron e ignoraron.

"aberración jurídica" En opinión de Aralar, que en un comunicado mostró su solidaridad con las heramanas Bruño, la decisión adoptada por Garzón es una "aberración jurídica". Según la formación abertzale, el juez de la ANl ha dado un nuevo paso en la "criminalización de las ideas, porque las ideologías no se pueden juzgar. Las ideologías son parte de la libertad de las personas y el tener una ideología no tiene que llevar consigo el cometer un delito. El tener una ideología es un derecho básico de todas las personas".

Asimismo, Aralar recordó que las hermanas Bruño fueron en un principio víctimas de la extorsión de ETA y que ahora están siendo "víctimas" de la Justicia española. "Debemos de exigir la disolución de la AN por ser un juzgado de excepción", apostilló. >agencias/d.n.