pamplona. Las 8.000 viviendas contenidas en el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, la mitad de ellas de protección oficial, se enfrentan a la incertidumbre del mercado, además de otros avatares políticos (el convenio de financiación entre el Gobierno y el Ministerio está paralizado). El tema se retrotrae al acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Navarra (Obras Públicas), el Ministerio de Fomento, Renfe y los tres ayuntamientos afectados (Pamplona, Zizur Mayor y Cizur) firmado en marzo del 2004, poco después de que se resolviera el concurso de ideas para reordenar la zona de actividades económicas (un gran parque empresarial y zona comercial, así como una infraestructura de Interés Regional) y las nuevas viviendas (7.000) en el entorno de la estación del AVE, así como la reconversión de la vieja estación de tren de San Jorge con mil pisos. El 50% de la oferta residencial era para vivienda protegida. El objetivo era financiar parte del proyecto de la nueva estación con los ingresos urbanísticos que se generasen en la operación (Renfe es uno de los propietarios importantes con la actual estación), incluyendo los 300.000 metros cuadrados de terrenos que van a quedar libres con el desmantelamiento de la estación actual y su bucle. La previsión era iniciar en 2006 las obras de la estación y del polígono colindante, y que las nuevas infraestructuras ferroviarias estuvieran preparadas para 2009. El proyecto se modificó a los meses para incorporar al ámbito los terrenos de Inquinasa cuyo traslado encarecía los costes de indemnización y con ellos el precio de la urbanización (más de 168 millones en total). El Plan Sectorial fue aprobado con prisas, justo antes de que se celebrasen las últimas elecciones forales. Y en agosto del año pasado el Gobierno abrió un nuevo periodo de información pública respondiendo, adujo, al volumen de alegaciones presentadas. Desde entonces, no ha habido movimientos (las alegaciones no se han respondido). Fuentes oficiosas admiten que el proyecto podría estar acabado para finales de año y que las cifras correspondientes a las indemnizaciones están siendo revisadas por las "circunstancias actuales". "Con tantos frentes abiertos ahora es difícil hablar de más", admite uno de los diez constructores con escrituras.