MADRID/PAMPLONA. El fiscal de la Audiencia Nacional elevó ayer de 10 a 13 años de prisión la petición de pena para los tres dirigentes nacionales de Gestoras pro Amnistía, Juan Maria Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Junco, a los que considera integrantes de ETA en grado de dirigentes. Además, el fiscal Carlos Bautista solicitó, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra los 27 miembros de Gestoras, la absolución de los responsables de las áreas de comunicación, la red empresarial y de la de ex presos, Maitane Méndez, Jorge Luis Redondo, y Mitxel Sarasqueta, respectivamente, lo que fue recibido con aplausos de los asistentes a la sesión.
Bautista aseguró durante la lectura de su informe que la retirada de la acusación para estas tres personas demuestra que éste ha sido un juicio "absolutamente jurídico" y que el "único matiz político" lo han introducido los procesados, quienes, según señaló, han seguido "de cabo a rabo" las instrucciones de ETA sobre el comportamiento que tienen que tener en un juicio oral.
Los tres navarros encausados en este sumario (Josu Beaumont, Jorge Txokarro y Álex Belasko) no ven inalterada la petición de condena, que continúa siendo de 10 años de cárcel, la misma que para los otros 21 procesados.
El representante del Ministerio Público manifestó que el objeto de la vista, que comenzó a celebrarse el pasado 21 de abril en las instalaciones que tiene la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, "es levantar el velo de Gestoras, porque todas las organizaciones son la misma cosa".
"ETA es la estructura y Gestoras, la superestructura", subrayó el fiscal, echando mano del materialismo dialéctico que fundamenta el funcionamiento de las organizaciones marxistas-leninistas. Asimismo, matizó que Gestoras no nació a impulsos de la organización terrorista, sino para pedir la amnistía de los presos durante la dictadura de Franco. Fue una vez que se concedió la amnistía y "muchos presos salieron en libertad con sangre en las manos", cuando, a juicio del fiscal, Gestoras, a pesar de que ya "no tenía razón de ser", fue reutilizada por ETA militar.
Para el fiscal, la "vinculación directa" entre ambas se basa en documentación incautada en la fábrica de Sokoa, en Hendaia, la intervenida al activista José María Dorronsoro y a la cúpula que cayó en Bidart. En Sokoa, los agentes encontraron un recibo en el que ETA prestó dos millones de pesetas a Gestoras, mientras que en los documentos intervenidos a Dorronsoro, ETA remitía a Gestoras su crítica a los funcionarios de instituciones penitenciarias pertenecientes al sindicato ELA y ambos intercambiaban información sobre los arrestos de activistas y desarrollaban estrategias jurídicas. En sus conclusiones, la Fiscalía considera que los acusados pertenecen a una organización criminal "con una estructura jerarquizada continuada en el tiempo y con división de funciones"
HOY, LA AVT La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación popular, expondrá hoy su informe final de conclusiones y mañana miércoles será el turno de las defensas y de los acusados, que podrán dirigirse al tribunal antes de que éste deje el juicio visto para sentencia. >AGENCIAS/D.N.