madrid. El Banco de España ha aprovechado la publicación de su informe anual sobre la economía española correspondiente a 2007 para analizar la situación actual, que aunque tiene poco que ver con la bonanza de hace doce meses sí empezó a fraguarse a raíz de la crisis de las hipotecas basura en agosto. De hecho, su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha reseñado que, aunque la economía española cerró 2007 con un crecimiento del 3,8%, ha ido reduciendo sus tasas de avance hasta el 2,7% a cierre de marzo, lo que pone de relieve que "la intensidad del ajuste está siendo más pronunciada de lo inicialmente esperado".
Para el organismo supervisor, la crisis internacional provocada por la conjunción de tres factores desestabilizadores: el encarecimiento del crudo y de los alimentos, el frenazo de Estados Unidos y las turbulencias de los mercados financieros internacionales; ha pillado a España en plena corrección de su modelo de crecimiento, hasta ahora sustentado en la construcción. Así, para Fernández Ordóñez, la "intensidad y la prolongación" del boom inmobiliario "ha llevado al número de viviendas en construcción y los incrementos de sus precios a unas cotas que hacían inevitable y necesario un cierto ajuste".
Entre todas las medidas que el gobernador ha puesto sobre la mesa, destacan de forma especial dos de ellas: la necesidad de reformar "pronto" el sistema de pensiones para garantizar la salubridad de las finanzas públicas, por una parte, y, por otra, mantener la moderación salarial con vistas a atajar la espiral inflacionista que amenaza con reducir el consumo y lastrar el crecimiento del PIB español para los próximos ejercicios.
Sobre la reforma de las pensiones, argumenta que las restricciones del crédito a nivel internacional aumentarán la presión sobre el gasto público que provoca el envejecimiento de la población, lo que sumado al hecho de que la economía española necesita elevados fondos externos para financiarse, hará que la sostenibilidad de las finanzas públicas sea "costosa y difícil", por lo que aboga por potenciar la contributividad del actual modelo y los sistemas complementarios.
competitividad En cuanto a la inflación, el Banco de España prevé que la tasa del IPC aumente este año, por lo que aboga tanto por mantener la moderación salarial como los márgenes empresariales para preservar la competitividad de la economía española y limitar el alcance de su desaceleración, especialmente en el mercado de trabajo, cuya tasa de crecimiento podría reducirse entre 0,5 y 1 punto porcentual en un año. En este punto, a pesar de que las tasas de inflación superiores al 4% suponen una fuerte merma en el poder adquisitivo de la población y desanima el consumo, lo que tira a su vez a la baja del crecimiento español. Fernández Ordóñez advierte que aumentar los salarios no es una buena solución para hacer frente a este fenómeno ya que sería peor el remedio que la enfermedad. Argumenta en defensa de esta postura que, en España, el aumento de la inflación tiende a trasladarse a los costes laborales debido a las cláusulas de revisión salarial, un rasgo que en épocas de bonanza económica se acomoda "sin grandes fricciones", pero que en una etapa de desaceleración como la actual puede resultar "más perjudicial" y desincentivar la creación de puestos de trabajo.
El Banco de España descarta correcciones significativas de los precios de la energía y de los alimentos, que seguramente, se mantendrán elevados, lo que dificultará que la inflación baje del 4% en los próximos meses. En lugar de subir salarios apuesta por la progresiva eliminación de las rigideces existentes en el mercado laboral adecuando los incrementos salariales a los aumentos de la productividad y abordando algunas de las reformas pendientes en el ámbito de la contratación, de manera que se elimine la segmentación actual.
En su opinión, a estas medidas debe unirse una mejora en la formación de los trabajadores que incremente su productividad. >e.p.