el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Volkswagen-Navarra para que sea el Servicio Público de Empleo Estatal (el antiguo Inem) el que sufrague los cinco turnos que la factoría de Landaben paró el miércoles y el jueves, como consecuencia de la huelga de los transportistas autónomos, no es en verdad sino una estratagema, una burda argucia, para que la ciudadanía asuma los riesgos que acarrea el sistema just in time (justo a tiempo). Que una empresa, y más una multinacional, pretenda ahorrarse los costes de almacenaje de los stocks obligando a sus proveedores a reaccionar a demanda tiene un encaje pleno en esta economía de mercado, guste más o menos. Pero lo que no puede aceptarse es que por un eventual error de previsión a la hora de gestionar el suministro -la huelga se anunció con suficiente antelación- no sólo sea el erario público el que tenga que responder, sino que además los propios trabajadores vayan a cobrar el 70% de la base reguladora (salario base más la prorrata de las pagas extras). Interrumpiéndose por añadidura el periodo de seis años continuados de cotización para generar el derecho a cobrar dos años completos de prestación por desempleo y, en algunos casos, arriesgando las condiciones de prejubilación. La dirección de la planta navarra, consciente de que a un paro patronal difícilmente se le pueden aplicar las condiciones de un ERE por causas de fuerza mayor -y más cuando en la Comunidad Foral la huelga del transporte no se caracterizó precisamente por su virulencia (pese a la lamentable salvedad de la quema de un camión)-, ha adelantado que no descarta negociar otra salida. Lo que los sindicatos, que se oponen al ERE y amenazan con recurrir a la jurisdicción ordinaria si es aprobado en vía administrativa, interpretan como una apuesta por incluir los dos días sin trabajar en la llamada bolsa de horas . La pelota está en el tejado de la consejería de Innovación, Empresa y Empleo, que tiene hasta el sábado para decidir. En 2000, rechazó la petición idéntica de la misma firma ante la huelga de un proveedor logístico. El ministro Corbacho, que a la postre es quien paga la factura del Inem, ya anunció que no tolerará expedientes a modo de subterfugios para cuadrar balances.
