estepona (málaga). Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer a 25 personas en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en Estepona (Málaga), donde fue arrestado su alcalde, el socialista Antonio Barrientos. Entre los detenidos, según informaron fuentes policiales, figuran además cuatro ediles del actual equipo de gobierno, varios más de anteriores corporaciones, técnicos, abogados y empresarios, a los que se vincula con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales. Así, han sido detenidos entre otros el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE); la edil de Educación, María Victoria López; la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino; técnicos, como el arquitecto Arturo Cebrián y el jefe de Gabinete, José Flores; abogados y empresarios. Además, también habría sido arrestado el concejal del Partido Estepona Manuel Reina.
La operación, bautizada con el nombre de Astapa y que ha sido coordinada por el Juzgado y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, se llevó a cabo también en las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. En estas diligencias se investigan supuestas irregularidades urbanísticas, a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos.
Hasta el momento se han practicando 38 registros domiciliarios y societarios y también se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de Marbella, en la misma provincia, bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y han añadido que los delitos que se investigan son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.
Estas fuentes han agregado que, como en el caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado y han señalado que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.
Algunas de las supuestas irregularidades cometidas en Estepona se analizaban en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.
el inicio La Policía vio "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la operación Malaya , Juan Antonio Roca. El acuerdo, relativo a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, fue suscrito por el alcalde Barrientos con el apoderado de Inmobiliaria Eridano, Julio Blasco, que está imputado en el caso Malaya , el 14 de noviembre de 2005, y aprobado el 24 de febrero de 2006.
El Ayuntamiento vendió el 90% de la parcela a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10% restante a 831,3 euros, según la valoración efectuada por los técnicos adscritos al departamento de Urbanismo.
Los investigadores observaron un "desfase" en la valoración referida a unos 2.300 metros con la que se fijaba en un contrato privado suscrito entre Inmobiliaria Eridano y Atriz Gestión Inmobiliaria, que cifró en 2.085 euros cada metro cuadrado edificable.
Por ello, la Policía dedujo la "existencia de intereses ocultos" y se preguntó por qué no adquirió el terreno directamente Atriz Gestión Inmobiliaria y negoció con el Ayuntamiento de Estepona de forma directa posteriormente la adquisición de los derechos. >agencias
