pamplona. La Junta de Gobierno Local, presidida por Yolanda Barcina, ordenó ayer la clausura del despacho de los dos concejales de ANV en el Ayuntamiento de Pamplona (Mikel Gastesi y Mariné Pueyo), "en cumplimiento del auto del juez Baltasar Garzón del pasado 8 de febrero".

Según explica UPN, la clausura del despacho, que llevó a cabo la Policía Municipal, obedece a la interpretación que de dicho auto judicial hace el departamento de Administración Local, entidad del Gobierno de Navarra a la que Barcina solicitó un informe al respecto. En cualquier caso, Administración Local define su propio informe como "no vinculante", ya que "no debe suplantar la opinión de los servicios jurídicos municipales". Asimismo, el informe advierte de que "el auto judicial puede afectar a varios Ayuntamientos de Navarra". Concretamente, ANV cuenta con 93 concejales repartidos en 32 municipios (pudieron presentarse 35 listas).

Una vez explicado su carácter no vinculante, el informe de Administración Local propone "las actuaciones que los ayuntamientos deben practicar para el adecuado cumplimiento del auto" de Garzón: suspensión del grupo municipal de ANV (si no se contempla en el reglamento, modificarlo para cumplirlo); suspender el uso de locales y despachos; suspender el uso de nombres o signos identificativos; suspender las subvenciones al grupo municipal; y suspender los nombramientos de dichos concejales en otros organismos, en cuanto miembros de un grupo municipal. No obstante, los ediles elegidos en las listas de ANV mantendrán sus derechos individuales como electos, tales como percibir los sueldos y dietas que por ello les correspondan.

reacción de anv El concejal de ANV, Mikel Gastesi, respondió ayer a esta clausura afirmando que el Ayuntamiento "debe proporcionar a cualquier concejal no adscrito un despacho, un sitio o un lugar de trabajo con un material mínimo para desarrollar su labor del día a día".

Mikel Gastesi afirmó que esa obligación está recogida en el reglamento orgánico del Ayuntamiento y ANV prevé recurrir ante los tribunales la decisión del equipo de Gobierno.

A juicio de Mikel Gastesi, esta decisión es "un acto antidemocrático que ataca los derechos fundamentales referidos al ejercicio de nuestra actividad política y que tiene como objetivo acallar la voz de la oposición real en este Ayuntamiento".

El concejal de abertzale afirmó que "la clausura y el desalojo del despacho escenifica de manera gráfica el estado de excepción que se ha instaurado en Euskal Herria y que tiene como objetivo fundamental mantener la negación de derechos que nuestro pueblo padece".

No obstante, Gastesi afirmó que "UPN podrá realizar cuantas agresiones crea en contra de las libertades, podrá emplear la venganza política en contra de los representantes municipales, pero no va a conseguir frenar ni un ápice nuestro trabajo político, porque nuestra fuerza no está en los despachos, sino en la calle, con la gente que trabaja y pelea por mejorar las condiciones de vida". En este sentido, aseguró que, "pese a quien le pese, seguiremos trabajando como representantes legítimos de la ciudad".