E cumplió el guión y el Parlamento Europeo ratificó sin modificación alguna la denominada directiva de retorno de los inmigrantes, pergeñada en primera instancia por los ministros de Interior. Para solaz por supuesto de todos los gobiernos, pues la aprobación de enmiendas hubiera retrotraído la tramitación y congelado los 676 millones de euros a repartir del fondo destinado a financiar los gastos de repatriación de extranjeros. En síntesis, lo que la directiva protocoliza es que los inmigrantes que carezcan de documentación en regla y que sean interceptados en suelo europeo puedan ser, primero, detenidos con una mera orden administrativa, sin refrendo judicial más que a posteriori ; y, segundo, retenidos hasta 18 meses en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión. Por añadidura, se veta el regreso a la Unión Europea en un periodo de cinco años a quienes no se marchen de forma voluntaria. La culminación a este endurecimiento en la gestión de los flujos migratorios, sin precedentes en el Viejo Continente, es que se legaliza la repatriación de los extranjeros menores de 18 años no acompañados. Los ámbitos de discusión son al menos dos. Para empezar, hasta qué punto es aceptable desde una perspectiva ética y humanista limitar la libre circulación de las personas, con una palmaria restricción de derechos básicos en función de la procedencia - y también de la condición social, reconózcase- del colectivo específico afectado. Y para continuar, cada europeo debería preguntarse si este pretendido blindaje, al que sólo se oponen con énfasis verdadero los verdes e Izquierda Unitaria, va a ser práctico , esto es, si quienes huyen de la muerte y la miseria porque les aguardan en cada esquina en sus paupérrimos ámbitos de residencia van a aplacar sus ansias de prosperar ante el riesgo de toparse con una burocracia más férrea. En cualquier caso, la contratación en origen será siempre, y en cualquier coyuntura, el utensilio más eficaz para aspirar a una inmigración legal, ordenada e integrada. Aunque todo será mezcla de transitoriedad y demagogia mientras los gobiernos del Norte, incluidos obviamente los europeos, no apuesten decididamente, antes que por cercenar las libertades fundamentales, por dignificar las condiciones de vida de quienes habitan en el Sur. Justicia social se llama.
