vitoria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que no tiene jurisdicción para atender la demanda interpuesta por Manos Limpias contra el proyecto de Ley de Consulta. En un auto hecho público ayer, la Sala decide dejar en suspenso las medidas cautelares solicitadas por el sindicato ultraderechista, básicamente, la suspensión del Pleno del Parlamento Vasco de mañana.
En otras palabras, la cámara vasca celebrará mañana sin más contratiempos el debate sobre el proyecto de Ley de Consulta. El TSJPV tiene en cuenta la "posible inadmisibilidad por falta de jurisdicción" de la demanda, entendiendo que la competencia para dirimir sobre una iniciativa legislativa en trámite parlamentario correspondería al Tribunal Constitucional. Ante esta situación, ha acordado escuchar los argumentos de las partes en un plazo de diez días, tiempo durante el cual deja en suspenso las medidas cautelares solicitadas, de modo que aun en el hipotético caso de que llegara finalmente a admitirse la demanda, el Pleno ya se habría celebrado.
antecedente Las posibilidades de este recurso son, cuando menos, escasas. Un episodio similar se vivió en 2004 cuando también Manos Limpias recurrió ante el Tribunal Superior vasco el acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprobó la propuesta de nuevo Estatuto. Entonces la demanda sí fue admitida a trámite, pero en la sentencia posterior se desestimó por entender que la iniciativa no planteaba una reforma constitucional. El auto hecho público ayer hace referencia explícita a otro auto, del Tribunal Constitucional de abril de 2004, por el que esta instancia judicial rechazó un recurso del Gobierno de Aznar contra el denominado Plan Ibarretxe argumentando que "la necesaria defensa jurisdiccional del ordenamiento no puede verificarse sino cuando cabe hablar propiamente de infracciones normativas, sólo susceptibles de ser causadas, obviamente, por normas, y nunca por proyectos o intenciones normativas".
Este argumento frenó el recurso de constitucionalidad que el Partido Popular (PP) se planteó contra el trámite parlamentario de la Ley de Consulta y es el que hace que cualquier intervención judicial se postergue a la eventual aprobación del proyecto en el Parlamento. >m.i.
