estepona. La directora de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, declaró ayer en la comisaría de Policía como imputada en la operación Astapa sobre corrupción urbanística que llevó a prisión al alcalde, Antonio Barrientos (PSOE). Patricia Rojo salió de la sede policial de la localidad sobre las 14.30 horas, tras haber llegado a las dependencias sobre las 10.00 horas, y no quiso efectuar manifestaciones al abandonar el recinto, del que salió dentro de un vehículo desde un aparcamiento interior. Tampoco han trascendido datos sobre la declaración.
Ella fue la gerente de Urbanismo del Consistorio propuesta por los socialistas al inicio de la anterior legislatura, cuando funcionó una gerencia mancomunada en este área con gerentes de los tres partidos que entonces gobernaban conjuntamente, el PSOE, el Partido de Estepona (PES) -creado por ex integrantes del GIL de Jesús Gil- e Izquierda Unida.
Uno de esos gerentes, el representante del PES, era Pedro López, ahora en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros e imputado de los presuntos delitos de cohecho y malversación por la jueza instructora de la operación Astapa.
La Policía también ha citado a declarar al alcalde en funciones de Estepona, Rafael Montesinos, del Partido Andalucista (PA), por este mismo caso y al actual gerente municipal de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Manuel Ramos.
La operación policial, desarrollada desde el pasado día 17, se saldó con 26 detenidos, de los que ingresaron en prisión el ex alcalde, Antonio Barrientos; su jefe de Gabinete, José Flores; los concejales del Partido Estepona (PES) Manuel Reina y José Ignacio Crespo, y el técnico del Área de Urbanismo Javier Wittmeur. Asimismo, 18 de los arrestados quedaron en libertad provisional con fianza -entre ellos cuatro concejales socialistas- y tres, en libertad con cargos y sin fianza. Así, 10 de los imputados, en concreto los que declararon los dos primeros días, ya hicieron efectivas sus respectivas fianzas la pasada semana. Hasta ahora, las cantidades abonadas suman los 2,3 millones de euros.
Paralelamente a las declaraciones de los 26 detenidos, los agentes iniciaron una toma de declaraciones en comisaría, por donde han pasado ya empleados municipales, entre ellos técnicos del área de Urbanismo y empresarios con intereses en municipios de la Costa del Sol Occidental como Marbella, Estepona o Casares y Ronda. >agencias
