Pamplona. El secretario de Estado de Planificación del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, ha citado para el próximo 15 de julio en Madrid a la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Laura Alba, a una reunión en la que se abordará la situación en la que se encuentra el convenio que permitiría al Ejecutivo autonómico adelantar la construcción del corredor navarro de alta velocidad, y que en estos momentos se encuentra bloqueado. Sanz, que había anunciado su intención de iniciar los trabajos de forma "unilateral" si no hay novedades antes de San Fermín, tendrá que esperar al menos hasta el día 15.

La construcción del TAV ha tenido enfrentadas a las administraciones navarra y estatal los últimos años. Fue una de las exigencias del Gobierno de Sanz durante la pasada legislatura, sobre todo desde que el Ejecutivo de Zapatero acordó con la CAV un sistema de financiación específico que permitía al Gobierno Vasco adelantar las obras y descontar después el gasto de su aportación al Estado mediante el Cupo. La situación económica era boyante, y el Ministerio de Economía podía prescindir de una parte de los ingresos que aporta la CAV.

Pero eran tiempos de confrontación, en los que el Ejecutivo de Sanz, convertido en un peón más de la estrategia de oposición frontal del PP contra el Gobierno socialista, en vez de negociar, exigía soluciones. Las posiciones fueron muy distantes durante toda la legislatura, y el acuerdo imposible.

La situación cambió tras las elecciones forales de mayo de 2007, con Sanz dependiendo del PSN para acceder al Gobierno, y Zapatero con las elecciones en el horizonte cercano. Las nuevas relaciones se escenificaron el 17 de octubre con un encuentro en La Moncloa en el que ambos mandatarios acordaron elaborar un convenio "similar" al que habían firmado el Estado y la CAV, y con el que Navarra podría adelantar las obras. Tras semanas de negociaciones, el 7 de noviembre los consejeros de Economía, Álvaro Miranda, y Obras Públicas, Laura Alba, se reúnen con el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, y acuerdan las bases del futuro Convenio. El Estado asumiría la construcción del tramo entre Zaragoza y Castejón, con un presupuesto de 470 millones de euros. Navarra, en cambio, se responsabilizaría del tramo entre Castejón y Pamplona, con un coste aproximado de 560 millones. La Comunidad Foral, sin embargo, pasaría la factura al Estado cada tres meses.

Con el acuerdo bajo el brazo, el Gobierno de Navarra decide en su reunión del 31 de diciembre dar luz verde al proyecto e iniciar los trámites perceptivos. Sólo falta que los ministros de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y Fomento, Magdalena Álvarez, hagan lo propio y lo lleven al Consejos de Ministros para su aprobación definitiva.

Pero este último paso, que el Gobierno de Navarra anunció para febrero, no llega. Madrid da largas, en Fomento no cogen el teléfono, y las obras se retrasan un mes y otro. Todas las declaraciones públicas del Gobierno de España y del PSN van en la misma dirección: hay un compromiso firme que se va a cumplir. Los problemas, dicen, son técnicos. La realidad, sin embargo, es más complicada. La situación económica ha cambiado mucho en un año, las arcas del Estado no rebosan como antes, y ahora se mira cada euro. Sobre todo Solbes, que no acaba de ver con buenos ojos que Navarra lidere un proyecto que el Estado va a ir pagando cada tres meses. Para eso, mejor que pague Fomento. Pero allí ya no hay dinero. Así que la firma del convenio sigue bloqueada, a la espera de que el presidente Zapatero, que este domingo visita Navarra, apueste por una solución definitiva.