pamplona. Todos los grupos del Parlamento respaldaron ayer que la Renta Básica (paga pública dirigida a personas en riesgo de exclusión social) se equipare, en 2009, al importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta equiparación, que se presenta como una modificación de la Ley Foral para una Carta de Derechos Sociales, se hará de forma paulatina y en tres años: para 2008 será el 85% del SMI, en 2009 el 90% y en 2010 el 100%. La reforma aprobada ayer especifica que según el número de miembros, una familia podrá optar a un porcentaje mayor de dinero siendo el límite final el 150% del SMI para aquellas unidades familiares con 6 o más miembros. Asimismo, se garantizará a las personas con minusvalías sin capacidad laboral y que cobren una prestación por debajo del salario mínimo, una subvención complementaria que les permita llegar a esa equiparación.
El texto aprobado ayer fija también los requisitos para acceder a unas ayudas que, en principio y a la espera de inserción laboral, se prolongarán durante 6 meses con la posibilidad de prórroga hasta los dos años ("cuando concurran causas especiales" se podrán ampliar más). Podrán acceder a ellas los mayores de 25 años que no cobren ningún otro subsidio, que asuman en el plazo de 6 meses un acuerdo de incorporación sociolaboral y que puedan acreditar haber residido en Navarra de forma ininterrumpida durante los 12 meses anteriores.
Posturas Concepción Mateo, de UPN, aseguró que esta iniciativa "en sí misma y en su filosofía" refleja "el interés del propio Gobierno", que ya incluía esta propuesta en su programa. Declaró que esta ley supondrá "una mejor calidad de vida en nuestra ciudadanía y en especial en los más desfavorecidos" y situará la renta básica de Navarra "en el primer lugar y a gran distancia" del resto de autonomías. Juan Cruz Alli, de CDN, destacó el alto grado de consenso alcanzado.
Ioseba Eceolaza, de NaBai, aclaró que su voto a favor era "crítico" porque Navarra puede haber "más a favor de los excluidos". Reclamó ayudas subsidiarias para vivienda, para 0-3 años, medidas para el estímulo del empleo y para el acompañamiento social. Eso sí, reconoció que lo aprobado ayer es "un paso adelante en la consolidación de derechos sociales".
Desde PSN, Javier Monzón, destacó que, con esta normativa, "se han conseguido objetivos importantes", aunque se comprometió a impulsar nuevas medidas en función de los resultados que implique ésta. Recordó a UPN que no puede "ponerse la medalla" porque no incluyó esta medida en la Carta de Derechos Sociales.
Finalmente Ana Figueras (IU) destacó que esta decisión supone "dar un paso para redistribuir la riqueza que generamos entre todos".