pamplona. El PSN volvió a unir ayer sus votos a los de quienes sostienen al Gobierno (UPN y CDN) para aprobar, en contra del criterio del resto de la oposición, la Ley Foral de garantías de espera en Atención Especializada. Esta norma, que se refiere únicamente a la atención "de carácter programado y no urgente", trata de regular las listas de espera en la sanidad navarra estableciendo "garantías de respuesta" para los pacientes.

El problema, según denunciaron Nafarroa Bai e IUN, es que esas garantías se centran en las derivaciones a la sanidad privada de los casos que no puedan ser atendidos en el centro elegido por el solicitante y en el plazo estipulado en la Ley. Por lo tanto ambas coaliciones interpretaron que saldar esta cuestión con una norma que no dota de más medios económicos a la sanidad pública, sino que se apoya en esas derivaciones, implica un "primer paso" hacia la privatización del sector. Además recordaron que los plazos establecidos son en días "hábiles" y no "naturales", con lo que los plazos se alargan mucho más.

controversia Frente a estos argumentos Javier Marcotegui, de UPN, aseguró que esta ley "busca la eficiencia, el empleo de todos los recursos públicos, incluidos los concertados, y reconoce además la libertad del usuario para la elección de centro sanitario". Recordó el carácter "subsidiario" de las derivaciones. Juan Cruz Alli (CDN) comentó que esta iniciativa "ha puesto de relieve la necesidad de un sistema más garantista en la atención a los pacientes", aunque se haga también concertando con los recursos privados. Opinó que esta ley puede contribuir a que el modelo sanitario navarro "vuelva a ser pionero".

Por el PSN, María Chivite resaltó que con esta normativa "abrimos la puerta a un nuevo derecho de la ciudadanía", que consiste en que la Administración "atienda a los pacientes en un tiempo reglado". La portavoz socialista, que aseguró que las listas de esperan afectan a uno de cada diez ciudadanos, destacó el papel jugado por su partido en la aprobación de esta ley recordando que UPN y CDN durante años se habían "tapado los ojos". En contra de NaBai e IUN dijo que priman sus planteamientos políticos frente a los intereses de las personas.

Desde NaBai, Asun Fernández de Garaialde habló de "una campaña generalizada de desmantelar los sistemas públicos de salud" mediante la "estrategia de convencer a la opinión pública de las deficiencias" de esos sistemas. Consideró que, con esta ley, se inicia en Navarra una política de "premeditado descrédito de la sanidad pública".

Ana Figueras (IU) acusó al PSN de echarse en manos de UPN y CDN. Le recordó que la propuesta original que presentaron, apoyada por NaBai y su coalición, se sustentaba en dos puntos que ahora son renuncias: refuerzo de la sanidad pública y días naturales.