ONOCIDO ya el resultado del pleno celebrado ayer en el Parlamento de Vitoria, un resultado ya previsto de víspera, la aprobación de la Ley de Consulta queda sólo a la espera de su publicación en el Boletín Oficial para que entre -teóricamente- en vigor. Por más que el lehendakari Ibarretxe apelase ayer al optimismo de lo que calificó de "jornada histórica", no faltan argumentos para matizar esa satisfacción sin perder de vista, por supuesto, que en pura aplicación de la normativa vigente la aprobación de la ley es democráticamente impecable. Sin embargo, no se pueden obviar las sombras que se ciernen sobre ella cuando se cumpla la amenaza del Gobierno español y la Ley de Consulta quede suspendida por su recurso al Tribunal Constitucional, recurso que va a ser inmediatamente interpuesto. Hay aún más sombras, y más próximas, ya que la iniciativa institucional ha contado con el apoyo justo, el mínimo para salir adelante y un apoyo, además, que será interpretado de manera hostil en base a su procedencia. La políticos y analistas mediáticos opuestos a la Ley van a interpretar esta aprobación como un fracaso, a pesar de haber sido aprobada. Si la iniciativa no ha logrado un consenso más amplio, el supuesto fracaso que se derivara del pleno de ayer sería un fracaso no del lehendakari, sino de todos: de los que la propusieron, de los que la rechazaron, y de toda la sociedad vasca. Porque, paradójicamente, lo que se propone en el texto aprobado ayer y que ha sido objeto de durísimas críticas hacia el lehendakari, es lo que esperan los ciudadanos vascos de los políticos; que arriesguen, que sean audaces, que propongan algo que cambie la situación, que desbloqueen esta situación de estancamiento, que les den oportunidad de decidir lo que quieren. De impulsar la democracia participativa como complemento a la democracia representativa a la hora de buscar soluciones hacia la paz y la normalización política. Se podrá estar o no de acuerdo con la Ley de Consulta, pero no es de recibo que desde la discrepancia política se desprecie lo que mayoritariamente reclaman los ciudadanos de sus políticos. En el trámite cumplido ayer, miles de personas que siguieron por radio o televisión el desarrollo del pleno volvieron a escuchar los mismos argumentos, sin ninguna novedad, que se vienen repitiendo desde hace meses por parte del PSE y el PP y del propio Miguel Sanz, quien ayer volvió a la senda de la descalificación como único argumento político. Que la consulta divide es una afirmación que no se sostiene desde el punto de vista democrático, puesto que la democracia se fundamenta en consultar a los ciudadanos y a nadie se le ocurriría sostener que ese ejercicio democrático divide a la sociedad. Que la consulta es ilegal e inconstitucional, es afirmación que por repetida no por ello deja de ser una falacia; la consulta aludida en la Ley aprobada ayer sería ilegal si fuera vinculante, que no es el caso ni tiene facultad para ello el Parlamento de Vitoria; en cuanto a su inconstitucionalidad, interpretado con buena voluntad política el artículo 9 del Estatuto de Gernika respecto a los derechos y deberes de los ciudadanos situaría a la CAV al mismo nivel de Cataluña y Andalucía, en cuyos estatutos se expresa el derecho de consulta. Quienes están en contra de lo aprobado ayer deberían presentar alguna propuesta que no sea repetir la liturgia de tantas décadas de condenas, movilizaciones, crispación y vuelta a empezar. Queda, por último, una mirada al papelón de EHAK y, por extensión, de toda la izquierda abertzale oficial. Una vez más, no han sido capaces de dar un solo paso adelante en positivo. Su decisión de regalar un voto para supuestamente poner de relieve "el marco impositivo constitucional vigente" ha sido patética después de un discurso tópico cuyo único desenlace debería haber sido un rotundo voto en contra. No fue así, y el voto prestado fue fruto de un supuesto debate cuyo único objetivo era cómo harían más daño. Por si acaso, no habrá que perder de vista el detalle de las seis abstenciones, no votos en contra como en 2004, no fuera esa coincidencia a poner en aprietos al PSE-EE.
