estella-lizarra. El Ministerio Fiscal, tras una investigación de aproximadamente once meses, ha apreciado indicios de delito en la realización, durante la pasada legislatura, de dos obras públicas promovidas por el Concejo de Murugarren, en el Valle de Yerri. La Fiscalía ya ha trasladado las correspondientes diligencias al Juzgado, que continuará con la fase de instrucción. Estos presuntos delitos, según ha podido saber este periódico, tendrían que ver con irregularidades tanto en la contratación como en la ejecución de estas dos actuaciones. Una de las obras, denominada encauzamiento del barranco de Unzalín (dos fases), se ejecutó con un presupuesto aproximado de 174.000 euros. La otra, el acondicionamiento del barranco de San Cristóbal, se realizó en tres fases con un coste global de 947.000 euros.
El coste total de ambos proyectos es de 1,12 millones de euros, una cifra que llama la atención en una localidad con apenas noventa habitantes y cuyo Concejo maneja un presupuesto anual de unos 35.000 euros. Esos datos alarmaron a un grupo de vecinos que, tal y como público DIARIO DE NOTICIAS a finales del año 2006, se quejaban de los altos presupuestos que se manejaban, de la "inutilidad" de algunas de las obras en ejecución y de la forma de contratación de los trabajos. Por aquel entonces la presidenta del Concejo era Juana Martínez Soler.
Tras las elecciones municipales de mayo de 2007, la composición del Concejo cambió, entrando en el gobierno una candidatura opositora a la anterior Corporación. Tras analizar la documentación, los nuevos representantes municipales se pusieron en contacto con la Cámara de Comptos y con la Fiscalía General de Navarra, que se hizo cargo a través de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, Urbanísticos y Tecnológicos de la Policía Judicial.
misma adjudicataria Paralelamente, los representantes del nuevo Concejo, una vez recibidos los expedientes de las obras, solicitaron asesoramiento técnico para evaluar las diferentes actuaciones. De esta forma, observaron que cuatro de las cinco fases en que se dividían ambas obras se adjudicaron mediante procedimiento de emergencia y la quinta, a través de un expediente de obras complementarias. Además, en todos los casos, según figura en los expedientes, resultó adjudicataria la misma empresa y la dirección técnica la llevó siempre el mismo ingeniero.
En lo relativo al barranco de Unzalín, la valoración técnica detectó, entre otras cosas, que se podrían haber adjudicado las obras mediante procedimiento ordinario, y no de emergencia (de hecho se hace por fases), lo que hubiera supuesto un ahorro para las arcas municipales con la presentación de ofertas por parte de más empresas. También señalaba que se había certificado más obra de la que realmente se había ejecutado (talado de 117 árboles inexistente, movimientos de tierra no realizados...); y que los trabajos, en algunos casos, eran innecesarios. Además, precisa que los precios de las unidades de obra son muy altos teniendo en cuenta el mercado.
En las obras del barranco de San Cristóbal, también detectó unidades no ejecutadas pero sí certificadas, precios muy elevados y, lo más llamativo, solapamientos de estos trabajos con otras dos obras que estaban ejecutando en la localidad, certificando las mismas unidades en diferentes obras, por ejemplo, un muro de hormigón. Las investigaciones de la Policía Judicial, según parece, concuerdan con la valoración técnica. >d.n.
