madrid. Las críticas a la consulta propuesta por el lehendakari subieron ayer de tono, tanto en el Gobierno como en el PP. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseveró que la iniciativa de Juan José Ibarretxe es "un viaje a ninguna parte" por motivos estrictamente electorales que además, corre el riesgo de legitimar a la larga el terrorismo de ETA.

Rubalcaba se mostró convencido de que Ibarretxe sabe de antemano que su propuesta no saldrá adelante y de que el Tribunal Constitucional declarará ilegal la consulta. "Cuando el Constitucional le diga que no, ETA le puede decir a los vascos: ¿no veis como para alcanzar la independencia no valen los caminos de Ibarretxe sino que hay que ir a los míos?", alertó. Por ello, el titular de Interior advirtió de que la consulta de Ibarretxe, "lejos de deslegitimar a ETA", ha iniciado un camino que conduce justamente a lo contrario.

electoralismo Utilizando un símil futbolístico, Rubalcaba calificó a Ibarretxe de "piscinero", un jugador que se tira continuamente en el área para que le piten penalti pero que ya no engaña a nadie, y al que terminan sacando tarjeta amarilla. Para Rubalcaba esta actitud sólo esconde intereses electorales, atraerse el voto nacionalista radical y decir a los vascos: "en España no nos quieren y nos dan con la puerta en las narices".

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue contundente al asegurar que "el segundo plan Ibarretxe es tan inconstitucional como el primero" y garantizó que no habrá "referéndum ilegal en España". "España es un país unido, vertebrado y cohesionado. Por eso le hemos dicho no con rotundidad y con toda claridad al lehendakari. No habrá referéndum ilegal en España porque España tiene suficientes recursos para evitar que se produzca", indicó.

A su juicio, "divide quien insiste en confrontar, en lugar de sumar", por lo que insistió en que la respuesta "clara y rotunda" del Gobierno de España es que no habrá referéndum. "Los vascos no necesitan iniciativas que dividan y se salten la ley sino iniciativas que unan y sigan la senda de la legalidad democrática", concluyó.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró que la aprobación del proyecto de ley de consulta popular es un "desafío a la democracia y a la soberanía nacional" y exigió al Gobierno que pida la suspensión "del acto" que permitió la aprobación de la consulta en el Parlamento Vasco. "Es el único que puede hacerlo", indicó tras recordar que el PP ya prepara el recurso al Constitucional.

En esta línea, Alberto Ruiz Gallardón, miembro del Comité Ejecutivo del PP, afirmó que la consulta es "uno de los mayores desafíos que a nuestro sistema democrático se ha hecho por un presidente autonómico en el ejercicio de su función". >d.N.