estella-lizarra. El Ministerio Fiscal ha denunciado a un total de seis personas por la comisión de presuntos delitos en la ejecución de dos obras en Murugarren, en el Valle de Yerri. Entre las seis personas contra las que se ha formulado denuncia figura un funcionario del Gobierno de Navarra, tres antiguos representantes municipales en el Concejo, así como un constructor y el ingeniero que se encargó de la dirección de obra en ambos proyectos.
Como ya informó este periódico en su edición de ayer, las dos obras, realizadas durante la pasada legislatura (años 2003 a 2007), han supuesto un desembolso para las arcas municipales de más de 1,12 millones de euros, cifra destacable para una localidad de apenas noventa habitantes. En concreto, se trata del encauzamiento del barranco de Unzalín (174.000 euros en dos fases) y del acondicionamiento del barranco de San Cristóbal (947.000 euros en tres fases distintas).
Una de las implicadas, según las diligencias realizadas por el Ministerio Fiscal que ya han sido puestas en manos del correspondiente Juzgado de Instrucción, es la presidenta del Concejo durante la anterior legislatura, Juana Martínez Soler. También figura entre los denunciados su marido y ex concejal, Eliseo Izcue Paternáin, así como el hermano de éste, Hilario Izcue Paternáin, quien también formaba parte de la Corporación municipal anteriormente.
Igualmente, se ha incluido en este proceso al responsable de la sección de Restauración de Riberas y Obras Hidráulicas del departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Miguel Aulló Aldunate. Este departamento concedió notables subvenciones (al menos cerca de 600.00 euros) para ambos proyectos cuando, además, no estaban ni tan siquiera visados, un requisito indispensable. Igualmente, al menos en alguno de los casos, se dio por correcta la liquidación de las obras cuando había unidades sin ejecutar.
Por último, en la lista del Ministerio Fiscal se encuentra Jesús Carlos Ancín Esparza, representante legal de la empresa adjudicataria de ambos proyectos, Obras y Construcciones Ollobarren, así como Martín Elizalde Arbilla, ingeniero forestal que se encargó en los dos casos de la dirección de obra.
El actual Concejo, formado en junio de 2007 bajo la presidencia de Ramón Hortelano Herrera, denunció en su día que la mayoría de las adjudicaciones (en concreto cuatro de las cinco fases) se habían realizado por el procedimiento de emergencia (innecesario al realizarse las obras por fases) y por un coste superior al real del mercado.
También llama la atención que las ofertas de la empresa se presentaran, en algunos casos, incluso antes de que se declarase el procedimiento de emergencia. Y en el caso de una de las fases de las obras del barranco de San Cristóbal los trabajos comenzaron mes y medio después de que se declarase de emergencia.
Por otra parte, según la peritación realizada a petición del Concejo, se ha detectado que se certificó más obra de la realmente ejecutada, además de que existen casos de solapamiento, en los que una misma actuación se incluye, según se especifica, en dos certificaciones diferentes.
Según ha podido saber este periódico, los seis implicados han sido algunos de los interrogados durante el proceso de investigación, que se inició a finales de julio del año pasado y que hubo de prorrogarse por falta de tiempo material (seis meses) para finalizar las diligencias.
el concejo se personará Por otro lado, el Concejo de Murugarren se personará en breve como acusación en este proceso, cuya fase de instrucción judicial podría alargarse más de dos años, según las fuentes consultadas por este periódico. Y es que, a juicio de los actuales representantes municipales, estas obras ejecutadas en los últimos años eran innecesarias y han propiciado un gran endeudamiento para las arcas municipales, estimado en la actualidad en alrededor de 1,2 millones de euros.
Esa deuda propició que el Concejo, que cuenta con menos de noventa vecinos, se pusiera en contacto con la consejera de Administración Local del Gobierno de Navarra, Amelia Salanueva, para intentar encontrar una solución financiera para las arcas municipales. >d.n.