girona. Los dos propietarios del catamarán La Oca del lago de Banyoles (Gerona), Simó Rodríguez y Bartomeu Gayolà, condenados a tres años de prisión por el naufragio del catamarán donde murieron un total de 21 jubilados franceses ingresaron el pasado domingo voluntariamente en la prisión, según un comunicado emitido ayer por su abogado, Carles Monguilod.

El ingreso en la cárcel se produce después de que el Consejo de Ministros les denegase recientemente la petición de indulto cursada por los acusados y de que el Juzgado Penal número 2 de Girona ratificara la decisión.

Según se narra en el referido comunicado, "En su nombre y el de su familia, queremos pedir que se respete el derecho a su intimidad en lo referente a su estancia en el centro penitenciario debido a la delicada situación personal que para los señores Rodríguez y Gayolà y para su familia supone este difícil momento que están viviendo", dijo Monguilod.

El letrado aseguró que aunque sus clientes hayan ingresado en prisión, los dos recursos presentados en la Audiencia de Gerona y el Tribunal Constitucional (TC) sobre "la supuesta inconstitucionalidad del ingreso en prisión" siguen adelante.

tres millones de indemnización Tanto Rodríguez como Gayolà solicitaron el indulto después de que, el pasado 19 de enero, la Audiencia Provincial de Girona no sólo confirmara la condena dictaminada por el Juzgado Penal número 2, sino que la elevara a tres años de prisión por 21 homicidios por imprudencia grave, 22 delitos de lesiones por imprudencia grave y 9 faltas de lesiones por imprudencia grave.

Asimismo, deberán indemnizar con más de tres millones de euros a más de cien familiares de los muertos y heridos. El Ayuntamiento de Banyoles deberá responder de forma subsidiaria.

Un tercer procesado, el ex concejal de Medio Ambiente Josep Alsina también fue condenado inicialmente a la misma pena de cárcel por los mismos delitos, pero la Audiencia Provincial lo absolvió de la muerte de los jubilados y le impuso una multa de 360 euros por 21 faltas de imprudencia leve con resultado de muerte y 22 faltas de imprudencia leve con resultado de lesiones. Además, deberá indemnizar a tres de las víctimas con 260.000 euros.

el naufragio La mañana del 8 de octubre de 1998 llegaron a las inmediaciones del lago de Banyoles tres autocares con jubilados franceses. Un total de 141 subieron a la embarcación.

Por la rapidez con que ocurrieron los hechos y por no disponer la embarcación de los obligatorios aros salvavidas, el siniestro se cobró la vida de 21 personas, resultando heridas de diversa consideración varias decenas más.

La embarcación se hundió por culpa del sobrepeso de pasajeros, de motor y las baterías, sumado a las perforaciones realizadas en la popa del catamarán.

Así lo ratificó la sentencia que condenó a los propietarios y absolvió al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Banyoles en el momento de los hechos, Josep Alsina. El fallo narraba que el sobrepeso de la embarcación propició que, en el momento de hacer la maniobra de salida del buque, el agua entrara en unos agujeros hechos sin permiso en la popa de la barca. >agencias