pamplona. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra acordó abrir diligencias contra el letrado Marcos García Montes, defensor de Jaime Giménez Arbe, El Solitario , por un posible delito de obstrucción a la justicia y deslealtad profesional. El letrado no se presentó ayer en la primera sesión del juicio. Una incomparecencia que el presidente del tribunal, el magistrado Juan José García Pérez, consideró "injustificada" y que obligó a suspender la vista oral.
El juicio de Jaime Giménez Arbe, acusado de asesinar a dos guardias civiles el 9 de junio de 2004 en Castejón, estaba previsto que comenzase ayer pero, al no asistir su abogado, el tribunal se vio obligado a suspenderlo y, por tanto, se ha retrasado. La Sala no estableció una nueva fecha, aunque previsiblemente se celebre después de Sanfermines.
El fiscal pide 52 años y medio de cárcel para el procesado por dos delitos de asesinato, uno de tenencia ilícita de armas en la modalidad de armas de guerra y uno de atentado a agente de la autoridad. Por su parte, la acusación particular solicita 54 años y medio de prisión y la acción popular reclama 57 años.
La noticia de que García Montes no iba a comparecer en el juicio corría por los pasillos del Palacio de Justicia de Pamplona desde primera hora de la mañana, si bien no se confirmó hasta que, una hora después de lo previsto, se inició la vista. Giménez Arbe, que estuvo esposado y se mostró serio y reticente a las fotografías, llegó de la cárcel de Pamplona, donde pasó la noche tras ser trasladado el domingo desde la prisión de Dueñas, en Palencia.
"señalamientos preferentes" El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial indicó que el abogado de Giménez Arbe había anunciado, mediante un escrito fechado el 27 de junio y presentado por su procurador minutos antes de que diese comienzo el juicio, que no iba a comparecer a la vista por tener otros "dos señalamientos preferentes". Se refería a una declaración indagatoria que estaba prevista ayer en las Palmas de Gran Canaria y cuyo "señalamiento se hizo el mismo día que este juicio, el 19 de junio", explicó el fiscal, y a la sesión de un juicio que se celebra mañana en Oviedo, en la cual se practicará la audición de unas cintas telefónicas.
Al no existir, a juicio del Ministerio Público, "causa justa" para que el abogado no acudiese ayer, el fiscal superior de Navarra, Javier Muñoz, entendió que "se debe deducir testimonio de las actuaciones, remitirlas al juzgado de instrucción correspondiente y abrir diligencias previas contra el letrado de Giménez Arbe" por un presumible delito de obstrucción a la justicia. Destacó que la defensa conocía que "se está pendiente de una entrega provisional de las autoridades judiciales portuguesas", que finaliza el 31 de julio, por lo que "se intuye por lo menos algo de querer forzar una situación difícil para este tribunal hasta el punto de que tenga que proceder a una nueva prórroga o bien a la entrega del procesado".
Tanto la acusación particular, ejercida por José Aguilar en representación de las familias de los dos agentes fallecidos, como la acusación popular, que dirige Ignacio González en nombre de la Asociación Independiente de la Guardia Civil, se adhirieron a la postura del fiscal. La acusación particular sostuvo que "la defensa debería estar aquí en este momento" e hizo hincapié en que "este letrado ha intentado dilatar el procedimiento con todas las armas de las que ha dispuesto". En los mismos términos, la acción popular se opuso a la suspensión y apuntó que este escrito "forma parte de una pléyade de recursos de súplica para intentar alargar" los trámites.
Finalmente, la Sala instó al Juzgado de Guardia a que incoe diligencias contra el letrado. Así, consideró "injustificada" la incomparecencia del letrado, por lo que mandó que se deduzca testimonio respecto de García Montes "como quiera que su conducta pudiera ser constitutiva de un delito de obstrucción a la justicia y de deslealtad profesional".
La Audiencia va a solicitar también una segunda prórroga a las autoridades portuguesas para que el procesado continúe a disposición de las tribunales españoles y pueda celebrarse el juicio. El presidente del tribunal concluyó que si finalmente se archivan las diligencias, "la Sala se reserva el derecho de ponerle una sanción, una multa".
